Caso Thiago: investigan el entorno antes de definir la guarda

La muerte de Thiago, el niño de dos años cuyo fallecimiento conmocionó a Salta la semana pasada, abrió ahora un nuevo frente judicial. Mientras la investigación penal busca esclarecer las circunstancias del hecho, la Justicia de Familia comenzó a analizar quién podrá asumir el cuidado de su hermano menor, un bebé que, por el momento, permanecerá bajo protección estatal.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia N.º 3, a cargo de la jueza Claudia Güemes, quien resolvió mantener al niño en el Hogar Cuna "Dr. Luis Güemes" hasta contar con una evaluación integral del entorno familiar. El objetivo es determinar si existen condiciones que garanticen su bienestar antes de resolver una eventual guarda.

La medida no implica un rechazo definitivo a los familiares que manifestaron su voluntad de hacerse cargo del bebé. Tanto el padre como la abuela paterna solicitaron asumir su cuidado y participaron de la audiencia en la que se controló la legalidad del alojamiento transitorio dispuesto por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia tras la muerte de Thiago. Sin embargo, la magistrada consideró necesario profundizar el análisis antes de adoptar una decisión permanente.

El caso presenta una complejidad que excede la tragedia ocurrida días atrás. La resolución judicial ordenó la realización de estudios psicológicos, sociales y familiares que permitan reconstruir la dinámica del grupo familiar y establecer cuál es el ámbito más adecuado para el desarrollo del niño. Ese trabajo estará a cargo de profesionales del Poder Judicial y de la Secretaría de Niñez, quienes realizarán un seguimiento durante los próximos 30 días.

La intervención de la Justicia de Familia transcurre en paralelo a la investigación penal que dirige el fiscal Daniel Espilocín por la muerte de Thiago. En esa causa, la madre del niño y su actual pareja permanecen detenidos e imputados por homicidio calificado, mientras continúan las pericias destinadas a determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Uno de los aspectos que pesó en la decisión judicial fue la necesidad de analizar todos los antecedentes familiares disponibles antes de modificar la situación del bebé. Según informó el juzgado, en las causas tramitadas por los Juzgados de Violencia Familiar y de Género no existen registros de denuncias por violencia de la madre hacia sus hijos. En cambio, sí constan denuncias formuladas en su momento por la mujer contra el padre del niño por presuntos episodios de violencia de género.

Entre esos antecedentes figura una denuncia presentada por una vecina durante el embarazo, vinculada a presuntas agresiones físicas, situación que derivó en una restricción judicial de acercamiento vigente al momento del nacimiento del niño. Además, el padre deberá afrontar próximamente un juicio penal en una causa por lesiones agravadas por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género.

La existencia de esos antecedentes no determina, por sí sola, quién ejercerá el cuidado del bebé. Precisamente por esa razón, la jueza dispuso una evaluación interdisciplinaria antes de resolver el pedido formulado por la familia paterna. El propósito es establecer si el entorno ofrece las condiciones necesarias para garantizar la protección integral del menor, cuyo interés superior constituye el principal criterio que guía este tipo de procesos.

Como parte de las actuaciones, la magistrada visitó personalmente el Hogar Cuna, donde verificó el estado de salud del niño y recibió un informe detallado de los profesionales que lo asisten. Según se informó oficialmente, al ingresar al dispositivo el bebé no presentaba signos de violencia física y actualmente se encuentra en buen estado general.

La resolución también incluyó una medida destinada a preservar la intimidad del menor. La jueza ordenó evitar la difusión de imágenes e información que permita identificarlo, al considerar que ello podría ocasionarle un perjuicio mientras permanece bajo protección judicial.

El proceso que ahora se inicia será determinante para definir el futuro inmediato del niño. Durante el próximo mes, psicólogos y trabajadores sociales analizarán las condiciones familiares y elaborarán los informes que servirán de base para la decisión judicial. Recién entonces la Justicia evaluará si corresponde mantener la medida excepcional de protección o avanzar hacia una guarda dentro del ámbito familiar.

Mientras la investigación penal intenta esclarecer la muerte de Thiago, la Justicia de Familia enfrenta otro desafío igual de sensible: garantizar que su hermano menor crezca en un entorno seguro. Esa decisión no dependerá únicamente de la voluntad de los familiares, sino del resultado de las evaluaciones técnicas que permitirán establecer cuál es la alternativa que mejor resguarda sus derechos.