En medio de la discusión por la crisis financiera del Instituto Provincial de Salud (IPS), la Cámara de Diputados de Salta debatirá este martes un proyecto que podría modificar el esquema de aportes a la obra social estatal. La iniciativa propone que jueces, magistrados, funcionarios judiciales y autoridades superiores del Estado provincial pasen a ser afiliados obligatorios del sistema.
El punto figura dentro del temario acordado para la sesión y reúne varios expedientes acumulados que plantean una modificación al inciso a) del punto A del artículo 5° de la Ley 7127, norma que regula el funcionamiento del IPS.
A quiénes alcanzaría la afiliación obligatoria
La propuesta establece que deberán incorporarse de manera forzosa a la obra social provincial las autoridades superiores de organismos descentralizados, miembros de directorios de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, auditores generales y, especialmente, jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En términos prácticos, implicaría que esos cargos —muchos de los cuales hoy utilizan otras coberturas de salud— pasen a realizar aportes al IPS.
El proyecto lleva la firma de un amplio grupo de legisladores del bloque oficialista Todos por Salta, entre ellos Esteban Amat Lacroix, Adrián Valenzuela Giantomasi y Laura Cartuccia, junto a más de treinta diputados.
El argumento de fondo: sostener el sistema
En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que el objetivo es fortalecer el financiamiento del sistema de seguridad social provincial.
Los autores del proyecto señalan que el servicio que brinda el IPS es de interés público y que su sostenimiento económico requiere ampliar la base de aportantes, incluyendo a todos los funcionarios cuyos salarios provienen del Estado.
La propuesta invoca además el mandato constitucional vinculado al derecho a la seguridad social y al principio de solidaridad dentro del sistema público.
El debate que se abre
La discusión no es menor. El IPS atraviesa desde hace tiempo tensiones financieras, reclamos de prestadores y cuestionamientos de afiliados por demoras en autorizaciones y prestaciones.
En ese contexto, ampliar el universo de aportantes aparece como una de las herramientas posibles para mejorar los ingresos del organismo. Pero también abre un debate político: si el sistema que atiende a los empleados públicos debe ser utilizado obligatoriamente por los sectores más altos del propio Estado.
La sesión de este martes podría convertirse así en un primer test legislativo sobre cómo enfrentar el problema estructural de la obra social provincial, justo cuando el Gobierno busca cerrar la etapa de intervención administrativa y relanzar su conducción.
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