El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia han aprobado por unanimidad un proyecto de ley que busca regular el uso de medios de prueba informáticos en investigaciones penales. La ley, que modifica el artículo 309 del Código Procesal Penal Provincial, establece principios generales y procedimientos para asegurar, presentar y obtener datos informáticos relevantes en casos judiciales.
Según el nuevo texto, la realización de medidas como el aseguramiento de datos, la presentación de datos informáticos y la obtención de datos informáticos requerirá la autorización del Juez de Garantías o, en ciertos casos, podrá ser ordenada por el fiscal. Estas medidas solo se aplicarán en el marco de investigaciones penales concretas, definiendo claramente el alcance y duración de la medida en función de su utilidad para la investigación.
La ley enfatiza la importancia de proteger los derechos de las personas investigadas y establece que las medidas deben procurar causar la menor afectación posible a sus derechos, de acuerdo con las necesidades de la investigación. La resolución que ordene o autorice estas medidas deberá fundamentar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las mismas, en línea con lo estipulado en el Código Procesal Penal.
El proyecto de ley también contempla la posibilidad de realizar investigaciones encubiertas en entornos digitales, siempre y cuando se investiguen delitos de especial gravedad. En estos casos, se podrán utilizar identidades digitales falsas y llevar a cabo actividades encubiertas para identificar o detener a los responsables de los delitos o recopilar pruebas relevantes.
Además, la ley establece la posibilidad de obtener datos de dispositivos informáticos de forma remota y sin conocimiento del titular o usuario, utilizando programas informáticos u otros mecanismos tecnológicos. Esta medida excepcional solo podrá ser autorizada por el Juez de Garantías en casos de delitos de especial gravedad y cuando no existan medios menos intrusivos para obtener los datos necesarios.
La ley también regula la interceptación de comunicaciones y la intervención de datos de tráfico y contenido en correo electrónico y comunicaciones en línea. Se establecen condiciones estrictas para llevar a cabo estas intervenciones, garantizando la proporcionalidad y limitando su duración. Se prohíbe expresamente la intervención de abogados defensores y se establecen salvaguardias para preservar la confidencialidad y la privacidad de las comunicaciones protegidas.
Además, se prevé la posibilidad de conformar equipos conjuntos de investigación en casos donde el delito se haya cometido en múltiples jurisdicciones, facilitando la cooperación y coordinación entre las autoridades competentes.
El proyecto de ley ha sido remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior entrada en vigor. Con esta legislación, la provincia busca adaptar su marco legal a los avances tecnológicos y fortalecer la capacidad de investigación y persecución de delitos relacionados con el ámbito digital.
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