Más de 100.000 contribuyentes esperan que el Congreso destrabe la ley de los "dólares del colchón"

A menos de tres semanas del vencimiento del Régimen Simplificado de Ganancias, el Gobierno enfrenta un obstáculo clave para avanzar con uno de sus principales objetivos fiscales: incentivar el ingreso al circuito formal de los llamados "dólares del colchón". Aunque la iniciativa ya habría superado los 100.000 contribuyentes adheridos, el Congreso todavía no comenzó a debatir la ley que introduce las modificaciones prometidas para ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica.

El régimen, impulsado por el Ministerio de Economía y administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permanecerá abierto hasta el 27 de julio, luego de que el Gobierno decidiera extender el plazo original para fomentar nuevas adhesiones.

La propuesta apunta a ofrecer un "tapón fiscal", limitando las revisiones patrimoniales de quienes regularicen su situación tributaria, pero numerosos especialistas sostienen que la normativa vigente todavía deja zonas grises que generan incertidumbre entre potenciales beneficiarios.

Los cambios que siguen pendientes

El proyecto enviado al Congreso elimina algunas de las principales restricciones del régimen actual.

Entre otras modificaciones, propone suprimir los topes patrimoniales y de ingresos que hoy condicionan el ingreso, de manera que la posibilidad de adherirse dependa principalmente de la residencia fiscal y de no integrar el grupo de grandes contribuyentes nacionales.

Además, incorpora mecanismos para que los contribuyentes puedan corregir diferencias detectadas por ARCA sin perder automáticamente los beneficios del régimen, siempre que regularicen su situación dentro de los plazos previstos.

También modifica el criterio para determinar las llamadas "discrepancias significativas", elevando los márgenes antes de que el organismo pueda iniciar controles o excluir al contribuyente.

La seguridad jurídica, el principal reclamo

Contadores y asesores tributarios coinciden en que la mayor traba para una adhesión masiva no es económica sino jurídica.

Muchos potenciales interesados prefieren esperar hasta que el Congreso apruebe las reformas antes de exteriorizar fondos, por temor a futuros cambios normativos o eventuales cuestionamientos fiscales.

El contador Alejandro Rosenfeld, quien participó en reuniones con el ministro de Economía, explicó que hoy la incertidumbre afecta especialmente a trabajadores independientes y contribuyentes con movimientos patrimoniales complejos.

En la misma línea, especialistas del sector sostienen que la reforma busca ofrecer reglas más claras para quienes deseen incorporar dinero no declarado al sistema financiero sin quedar expuestos a futuras contingencias.

Expectativa por una definición política

La demora legislativa también responde al escenario político. El tratamiento del proyecto quedó relegado en medio de otras discusiones parlamentarias, mientras distintos sectores de la oposición anticipan que la iniciativa será objeto de un fuerte debate.

El texto oficial también incorpora una fecha límite para exteriorizar fondos: el 31 de diciembre de 2027. Hasta entonces, quienes ingresen recursos al sistema financiero podrían hacerlo sin que ello implique automáticamente una presunción de evasión o ajustes retroactivos en impuestos patrimoniales.

Mientras tanto, tributaristas consideran que, sin la aprobación de la reforma o una eventual nueva prórroga del plazo de adhesión, será difícil que el régimen alcance el nivel de participación que esperaba el Gobierno.