La Rioja y San Juan reavivan una disputa territorial por un millonario proyecto minero

Un proyecto minero valuado en 18.000 millones de dólares volvió a colocar en el centro de la escena un histórico conflicto de límites entre La Rioja y San Juan. La posibilidad de explotar uno de los mayores yacimientos de cobre de la región reactivó una disputa territorial que llevaba décadas latente y que ahora sumó nuevas leyes provinciales y un fuerte cruce político entre los gobiernos de Ricardo Quintela y Marcelo Orrego.

La controversia gira en torno a un sector limítrofe cuya jurisdicción fue modificada en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. La Rioja sostiene que esa redefinición nunca quedó plenamente consolidada desde el punto de vista constitucional, mientras que San Juan afirma que los límites vigentes fueron ratificados por el Congreso y no admiten discusión.

En ese contexto, el gobernador riojano promulgó una ley mediante la cual la provincia ratifica su rechazo a los límites establecidos durante el gobierno militar y anuncia el inicio de acciones institucionales para reclamar el territorio.

"La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta", sostuvo Quintela al anunciar la promulgación de la norma.

La decisión fue interpretada como una respuesta directa a la reciente sanción de la Ley de Desarrollo Local Mineroaprobada por San Juan, destinada a fortalecer la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos en los futuros proyectos extractivos.

Cruce entre ambos gobiernos

El avance legislativo profundizó el enfrentamiento entre funcionarios de ambas administraciones.

El jefe de asesores del gobierno sanjuanino, Rodolfo Colombo, calificó la iniciativa riojana como una "bravuconada" y sostuvo que ninguna provincia puede modificar unilateralmente sus límites mediante una ley local.

"La Constitución es clara. Una provincia no puede cambiar sus límites por decisión propia", afirmó.

Desde La Rioja, el asesor general Pedro Goycochea respondió que la intención no es confrontar con San Juan, sino cuestionar la validez jurídica de la norma dictada durante la dictadura, argumentando que, de acuerdo con interpretaciones surgidas tras un fallo de la Corte Suprema de 2024, esa modificación territorial nunca habría quedado plenamente ratificada.

Un proyecto estratégico

Detrás de la discusión política aparece uno de los emprendimientos mineros más importantes proyectados para los próximos años.

El desarrollo del yacimiento de cobre representa una inversión inicial cercana a los US$18.000 millones, con potencial para transformar la economía regional mediante la generación de empleo, infraestructura y exportaciones.

Precisamente ese enorme valor económico volvió a darle centralidad a un litigio limítrofe que permanecía sin avances significativos desde hace décadas.

Mientras La Rioja busca reabrir el debate sobre la jurisdicción del área, San Juan sostiene que el territorio le pertenece desde hace 57 años y anticipó que defenderá tanto sus límites como los recursos naturales comprendidos dentro de ellos.

Por ahora, el conflicto se desarrolla en el plano político e institucional, aunque todo indica que el futuro del proyecto minero también dependerá de las definiciones que eventualmente adopten el Congreso de la Nación y la Justicia.