Condenado por trata se fugó tras el veredicto

Había escuchado el veredicto que lo condenó a diez años de prisión por trata de personas. Sin embargo, en lugar de ingresar a una cárcel, regresó a su domicilio bajo una serie de restricciones judiciales. Dos semanas después, ya nadie sabía dónde estaba. Ahora, la Justicia Federal lo declaró en rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional.

El protagonista de esta nueva etapa del caso es Rubén Alberto Cabra, alias "Petro", condenado el pasado 16 de junio por haber captado mediante engaños a una adolescente de 17 años, trasladarla desde Chaco hasta Concepción del Uruguay y someterla a explotación sexual en un prostíbulo entre 2006 y 2008.

La fuga cambió por completo el escenario judicial. Lo que hasta hace pocos días era un expediente centrado en una condena por trata de personas se transformó en una búsqueda para localizar a un hombre que incumplió las condiciones impuestas por el propio tribunal mientras esperaba que la sentencia quedara firme.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay resolvió ordenar su captura luego de comprobar que abandonó el domicilio declarado sin autorización y que los intentos por ubicarlo resultaron infructuosos. Las averiguaciones realizadas por la Gendarmería Nacional incluyeron visitas a distintos domicilios y entrevistas con familiares, quienes afirmaron desconocer su paradero desde hacía semanas.

Uno de los aspectos que vuelve especialmente sensible este caso es que la posibilidad de una fuga había sido advertida durante el juicio. La fiscal federal Josefina Minatta solicitó en dos oportunidades que Cabra fuera detenido: primero, luego de la declaración de la víctima, y más tarde al formular su alegato, para que la medida se hiciera efectiva al conocerse la sentencia.

El tribunal rechazó ambos pedidos al sostener que, mientras la condena no estuviera firme, debía prevalecer el principio de libertad durante el proceso. En reemplazo de la prisión preventiva, le impuso reglas de conducta: fijar un domicilio, presentarse semanalmente ante la Gendarmería en Villa Ángela, no salir del país y mantener una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima y su familia.

Ese esquema de control se desmoronó pocos días después del fallo. Cuando la Gendarmería acudió al domicilio informado para notificar formalmente las condiciones impuestas, la madre del condenado manifestó que hacía aproximadamente un mes desconocía dónde se encontraba su hijo. Las posteriores tareas de búsqueda tampoco permitieron localizarlo y, según declararon algunos familiares, incluso había retirado todas sus pertenencias de la vivienda.

Con esos elementos, el juez Jorge Sebastián Gallino concluyó que Cabra había incumplido deliberadamente las obligaciones fijadas por la Justicia y dispuso su declaración de rebeldía, paso previo para librar la orden de captura nacional e internacional.

La causa por la que fue condenado se inició en 2019 a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, especializada en casos de trata y explotación de personas. La investigación fue impulsada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, que lograron reconstruir lo ocurrido con la víctima años después de los hechos.

Durante el juicio quedó acreditado que Cabra engañó a la adolescente con una falsa propuesta laboral, la trasladó desde Villa Ángela, en Chaco, hasta Entre Ríos y la explotó sexualmente en un local conocido como "Snack Bar". El tribunal consideró probado que la joven fue sometida a un contexto de violencia, amenazas y endeudamiento que le impedía abandonar el prostíbulo.

Ahora el desafío de la Justicia ya no pasa por demostrar la responsabilidad penal del condenado, sino por encontrarlo. Con la captura internacional en vigencia, las fuerzas de seguridad deberán localizar a un hombre que, tras ser condenado por uno de los delitos más graves previstos en la legislación argentina, logró desaparecer antes de comenzar a cumplir la pena impuesta por el tribunal.