El Gobierno busca limitar el mandato del Procurador y cubrir 300 vacantes judiciales

El Gobierno nacional puso en marcha una ambiciosa agenda de reformas vinculadas al funcionamiento de la Justicia. Mientras avanza con el envío de cientos de pliegos para cubrir vacantes judiciales, también analiza modificar el régimen del Procurador General de la Nación para limitar la duración de su mandato, una figura que actualmente permanece en el cargo hasta los 75 años, al igual que los jueces.

La iniciativa comenzó a tomar fuerza en las negociaciones parlamentarias y contempla reemplazar el sistema vigente por un esquema de mandatos limitados. Aunque todavía no existe una definición oficial sobre su duración, las alternativas que se analizan incluyen dos períodos consecutivos de cuatro, cinco o seis años.

La discusión coincide con un momento clave para el Ministerio Público Fiscal. Desde la implementación del sistema acusatorio, los fiscales concentran la conducción de las investigaciones penales, lo que incrementó el peso institucional del Procurador General.

Actualmente ese cargo permanece vacante desde 2017 y es ejercido de manera interina por Eduardo Casal.

Reforma y negociación política

En el Congreso también volvió a cobrar protagonismo un proyecto presentado por la senadora Carolina Moisés, que propone establecer un mandato de ocho años para el Procurador, con la posibilidad de una única prórroga de cuatro años, manteniendo la exigencia de los dos tercios del Senado para su designación.

La iniciativa comenzó a circular entre legisladores, magistrados y funcionarios judiciales como parte de las conversaciones que buscan destrabar la futura designación del titular definitivo del Ministerio Público Fiscal.

Objetivo: cubrir 300 cargos

Paralelamente, el Poder Ejecutivo pretende avanzar con la cobertura de alrededor de 300 vacantes en juzgados nacionales y federales antes de fin de año.

La intención oficial es acelerar el tratamiento de entre 20 y 30 pliegos por sesión en el Senado. Ya fueron remitidos cerca de 140 expedientes y el objetivo es completar el envío del resto durante el segundo semestre.

Entre los cargos considerados estratégicos figuran las vacantes de la Cámara Federal de Buenos Aires, uno de los tribunales con mayor influencia en las investigaciones por corrupción, además de juzgados federales y tribunales orales de distintas jurisdicciones del país.

La Corte Suprema sigue sin definición

Mientras el Gobierno acelera la cobertura de juzgados inferiores, continúa sin resolver qué hará con las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia.

Según trascendió desde distintos sectores del oficialismo, el presidente Javier Milei todavía no definió si impulsará nuevos candidatos durante este año o si dejará esa discusión para una etapa posterior de su mandato.

En paralelo, dentro del Poder Judicial continúan los debates sobre la transparencia en los concursos para seleccionar magistrados, la futura integración de la Cámara Federal y la renovación de autoridades dentro del Consejo de la Magistratura.

Con estas iniciativas, el Gobierno busca avanzar en una reconfiguración del sistema judicial que combine la renovación de magistrados con cambios institucionales en uno de los organismos con mayor poder dentro del Ministerio Público Fiscal.