Milei quiere cambiar la misión del Banco Central

Hace apenas tres años, Javier Milei proponía cerrar el Banco Central. Hoy, ya instalado en la Casa Rosada, el rumbo es otro. El Presidente no busca eliminar la autoridad monetaria, sino redefinir su función mediante una reforma que apunta a modificar el corazón de la institución: su misión y los límites de su intervención en la economía.

El proyecto comenzó a tomar forma esta semana, luego de que Milei confirmara ante legisladores de La Libertad Avanza que trabaja junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una iniciativa destinada a reformar la Carta Orgánica de la entidad.

El eje de la propuesta es revertir la reforma impulsada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Mercedes Marcó del Pont conducía el Banco Central. Para el Gobierno, aquel cambio modificó el rol histórico de la institución y abrió la puerta a un uso más amplio de la emisión monetaria para financiar el gasto público.

La principal modificación apuntaría al artículo 3 de la Carta Orgánica, que define los objetivos del Banco Central. Hasta 2012, la ley establecía que su misión "primaria y fundamental" era preservar el valor de la moneda. La reforma kirchnerista amplió ese mandato e incorporó metas como promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, siempre dentro de las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo.

Para Milei, ese cambio tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de una cuestión de redacción. El Presidente sostiene que permitió justificar una mayor asistencia financiera al Tesoro mediante emisión monetaria y debilitó la independencia del Banco Central, contribuyendo al proceso inflacionario que caracterizó a los años posteriores.

La intención oficial es recorrer el camino inverso. La reforma buscará restablecer la defensa del valor de la moneda como objetivo central de la autoridad monetaria y fortalecer las restricciones para que el Banco Central no vuelva a financiar el déficit fiscal mediante la emisión de dinero.

El proyecto también apunta a revisar otras modificaciones introducidas en 2012, especialmente las vinculadas con los adelantos transitorios. Esa herramienta permitió ampliar los límites para que el Banco Central transfiriera recursos al Tesoro Nacional, mecanismo que durante años fue utilizado para cubrir desequilibrios fiscales cuando el Estado tenía dificultades para acceder al financiamiento.

Desde la actual gestión sostienen que el escenario económico es diferente. Con el equilibrio fiscal convertido en uno de los pilares del programa económico, el Gobierno asegura haber eliminado la asistencia monetaria al Tesoro y considera que una reforma legal permitiría consolidar ese cambio como una política de largo plazo.

La iniciativa también aparece mencionada en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la segunda revisión del programa, el organismo recomendó avanzar hacia una reforma legal que fortalezca la independencia del Banco Central, mejore su gobernanza y establezca mayores resguardos frente al financiamiento monetario del déficit.

Sin embargo, hasta hace pocas semanas el propio Gobierno sostenía que modificar la Carta Orgánica no constituía una prioridad inmediata y que la legislación vigente no impedía continuar con el proceso de desinflación. La decisión política de Milei aceleró esos tiempos y convirtió la reforma en uno de los próximos objetivos legislativos del oficialismo.

Entre los especialistas existen distintas miradas sobre el impacto que podría tener el cambio. Algunos consideran que reforzar institucionalmente la independencia del Banco Central constituye una señal positiva para consolidar la estabilidad monetaria. Otros sostienen que la modificación tendría, al menos en una primera etapa, un efecto más simbólico que práctico, ya que el Gobierno ya dejó de financiar al Tesoro con emisión y la política monetaria actual responde a esos criterios.

Más allá del debate técnico, la discusión excede el funcionamiento cotidiano del Banco Central. Lo que está en juego es la definición del papel que deberá cumplir la autoridad monetaria durante los próximos años y cuáles serán sus límites frente a las necesidades financieras del Estado. Si el proyecto avanza en el Congreso, la Argentina podría modificar por primera vez en más de una década el principio que orienta toda su política monetaria, en una decisión que marcará el rumbo institucional del Banco Central mucho después de la actual gestión.