Buscan poner fin a los depósitos de autos secuestrados

Un automóvil secuestrado en una causa penal puede pasar años estacionado en un depósito judicial o en el patio de una comisaría. Durante ese tiempo, el vehículo se deteriora, pierde valor y ocupa un espacio que, con el paso de los meses, se vuelve insuficiente para albergar nuevos secuestros. Esa realidad, que se repite en distintos puntos de Salta, impulsó el debate para reformar la Ley de Secuestros y adaptar el sistema a las necesidades del nuevo proceso penal.

Con ese objetivo, el procurador general de la provincia Pedro García Castiella mantuvo una reunión con diputados provinciales que impulsan un proyecto para modificar la normativa vigente. El encuentro permitió comenzar a unificar criterios entre el Ministerio Público Fiscal y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, con la intención de elaborar una ley que agilice la administración de los bienes secuestrados sin afectar las garantías constitucionales ni el derecho de propiedad.

El problema no se limita a la acumulación de vehículos. La legislación actual fue diseñada para un sistema procesal muy diferente al que hoy rige en Salta. Según explicó el procurador, la norma responde a modelos inquisitivos o acusatorios de primera generación y no contempla las herramientas que exige el Código Procesal Penal vigente, donde las investigaciones requieren respuestas más ágiles y una administración más eficiente de los bienes incautados.

"Es altamente auspicioso que este tema se ponga en la agenda legislativa. Es un asunto muy sensible, en el que nosotros venimos trabajando hace varios meses", sostuvo el titular de la Procuración. Además, manifestó la disposición del organismo para aportar el trabajo técnico de sus distintas áreas y compatibilizar el proyecto con las necesidades del Ministerio Público Fiscal.

La reunión se desarrolló en la sede de la Procuración y contó con la participación de los diputados Juan Pablo Cuéllar, Rodrigo García, Carlos Jorge, Héctor Vargas, Nicolás Taibo, Emanuel Ayón y Fabián Valenzuela, todos coautores de la iniciativa que ya ingresó formalmente a la Legislatura. También participaron la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, y la coordinadora de Informática y Modernización de la Procuración, Patricia Aballay.

Uno de los aspectos centrales de la futura ley será definir mecanismos que permitan un mejor aprovechamiento de los bienes secuestrados cuando resulte legalmente posible. La propuesta busca evitar que vehículos, maquinarias u otros elementos permanezcan durante años sin utilidad mientras continúan los procesos judiciales, una situación que genera costos de conservación, problemas de espacio y una constante pérdida de valor patrimonial.

El diputado Juan Pablo Cuéllar explicó que la iniciativa surgió a partir de una problemática que se observa especialmente con los vehículos secuestrados. Muchos permanecen durante largos períodos en depósitos o a la intemperie, tanto en dependencias policiales como en otros predios, sin una solución definitiva mientras las causas avanzan.

La intención es dotar al Estado de herramientas legales que permitan administrar esos bienes con mayor eficiencia, siempre respetando las garantías del debido proceso. Entre las alternativas analizadas figura la posibilidad de que determinados elementos puedan destinarse a tareas investigativas o a servicios públicos, evitando que permanezcan inmovilizados cuando su conservación deja de cumplir una finalidad procesal.

El proyecto también busca equilibrar dos intereses que suelen entrar en tensión: por un lado, preservar los derechos de quienes podrían recuperar esos bienes si la Justicia así lo determina y, por otro, evitar que el paso del tiempo termine deteriorando elementos que podrían tener una utilidad concreta para organismos públicos.

El trabajo conjunto entre la Procuración y la Legislatura continuará ahora en el ámbito de la Comisión de Justicia, donde se analizarán los aspectos técnicos del proyecto antes de su tratamiento parlamentario. El objetivo compartido es alcanzar una norma moderna, compatible con el Código Procesal Penal y capaz de ofrecer soluciones a un problema que desde hace años afecta tanto a la administración de justicia como a los recursos públicos.

Si la reforma avanza, Salta podría dejar atrás un esquema pensado para otro modelo judicial y reemplazarlo por una legislación que permita administrar con mayor rapidez y transparencia los bienes secuestrados. El desafío será encontrar un equilibrio entre la eficiencia del sistema y la protección de los derechos de todas las partes involucradas en un proceso penal.