Skanska: El fallo dice que las obras estaban arregladas de antemano
Casi dos meses después de las condenas, el Tribunal Oral Federal N°4 explicó por qué consideró probado el mecanismo de corrupción detrás del caso Skanska.
Y una de las conclusiones centrales del fallo es contundente: las obras no fueron el resultado de una competencia regular sino, según los jueces, de “adjudicaciones acordadas de antemano y por fuera de los cauces formales”.
Los fundamentos corresponden a la sentencia que condenó en julio a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas, y Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos, a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
También fueron condenados exdirectivos y gerentes de Skanska e intermediarios vinculados con la maniobra.
Un acuerdo entre funcionarios y empresarios
La mayoría del tribunal, integrada por los jueces Néstor Guillermo Costabel y Jorge Luciano Gorini, consideró acreditada la existencia de “un acuerdo criminal entre altos funcionarios del Estado nacional” y personal directivo de Skanska.
La maniobra se desarrolló entre noviembre de 2004 y abril de 2006 alrededor del Proyecto de Ampliación de Gas 2005, destinado a ampliar los gasoductos operados por TGN y TGS.
Según la reconstrucción judicial, funcionarios nacionales utilizaron sus atribuciones para direccionar las contrataciones hacia Skanska.
A cambio, la empresa pagó sobornos que fueron canalizados mediante facturas por prestaciones simuladas.
Para los jueces, desde el Estado se manipuló el procedimiento de selección para construir una “apariencia de legalidad”sobre contrataciones cuyo resultado ya estaba decidido.
El audio que expuso la maniobra
Una de las pruebas determinantes fue una grabación realizada durante una auditoría interna de la propia Skanska.
Se trata de una conversación entre el entonces auditor general de la compañía y Javier Azcárate, quien se desempeñaba como gerente comercial.
El tribunal consideró que ese registro permitió reconstruir cómo funcionaba el acuerdo.
Según los fundamentos, el audio demuestra que las obras estaban arregladas de antemano, los sobornos habían sido incorporados a los costos de construcción y Skanska sabía que sería adjudicataria antes de presentar formalmente su oferta.
La sentencia también estableció que los pagos no fueron una decisión aislada de un gerente, sino que existió intervención de niveles superiores de la compañía.
Facturas falsas para generar el dinero
El mecanismo utilizado para obtener los fondos también quedó reconstruido.
De acuerdo con el fallo, directivos y gerentes de Skanska se apartaron de los procedimientos internos de contratación, seleccionaron proveedores sin antecedentes comerciales verificables y registraron facturas correspondientes a servicios simulados como si fueran operaciones reales.
Así se generaba el dinero utilizado para afrontar los pagos ilegales.
El tribunal tuvo por acreditado que entre 2004 y 2006 se desviaron aproximadamente $14 millones de entonces desde Skanska hacia el grupo de agentes estatales integrado, al menos, por Ulloa, López y De Vido, como pago de los sobornos pactados.
El perjuicio patrimonial determinado en la causa fue todavía mayor: $34,5 millones de la época, producto de adjudicaciones preacordadas, falta de competencia efectiva y aprobación de precios superiores a los presupuestos técnicos.
“Ejerció poder, pero no fidelidad”
En el caso de José López, los jueces analizaron sus facultades como secretario de Obras Públicas, su intervención en las tratativas y los pliegos, las objeciones económicas surgidas durante el procedimiento y su actuación posterior.
La conclusión del fallo quedó resumida en una frase:
“Ejerció poder sobre el procedimiento, pero no fidelidad respecto del patrimonio”.
Respecto de De Vido, López y Ulloa, la mayoría coincidió con la acusación formulada durante el juicio por el fiscal general Abel Córdoba y les impuso las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
Los tres fueron condenados como coautores de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Una jueza coincidió con los hechos, pero no con todo el fallo
La jueza María Gabriela López Iñiguez votó parcialmente en disidencia.
Coincidió sustancialmente con la reconstrucción de los hechos y consideró probado el direccionamiento de las contrataciones y el conocimiento previo sobre quién resultaría beneficiado. Incluso describió el procedimiento como una “cancha inclinada”.
Sin embargo, entendió que no habían quedado suficientemente acreditados el perjuicio patrimonial y la identidad de los funcionarios que efectivamente recibieron los sobornos.
Por eso se apartó de la mayoría en las calificaciones jurídicas, algunos grados de participación, las penas y el alcance del decomiso.
El fallo mayoritario, en cambio, sostuvo que el mecanismo quedó probado: funcionarios que direccionaban las contrataciones, una empresa que conocía anticipadamente que obtendría las obras y un circuito de facturación falsa utilizado para generar el dinero destinado a los sobornos.
Esa es la trama que, dos décadas después de los hechos, terminó detrás de las condenas del caso Skanska.
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