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Trata laboral: Investigan una finca dedicada al cerdo negro

La Justicia Federal imputó a un empresario gastronómico por la presunta explotación de siete trabajadores en Cerrillos. La fiscalía sostiene que algunos vivían en habitaciones con piso de tierra, dormían sobre palets y cobraban menos de $500 mil. El caso involucra la cría de cerdo negro, actividad por la que el municipio acaba de recibir un reconocimiento nacional.

06 Sep 2026 - 19:38
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Trata laboral: Investigan una finca dedicada al cerdo negro

La Justicia Federal investiga por trata de personas con fines de explotación laboral a un empresario gastronómicoacusado de someter a siete trabajadores a condiciones precarias en una finca de Cerrillos, donde se desarrolla producción porcina y también se cultivan y cosechan tabaco y aceitunas.

La particularidad del caso aparece en una de las actividades que se realizan dentro del establecimiento. Según expuso la fiscalía, trabajadores registrados para la cosecha de tabaco eran destinados también a la cría de cerdo negro, especialidad del local gastronómico del empresario investigado.

El dato adquiere otra dimensión porque Cerrillos fue declarado recientemente Capital Nacional del Cerdo Negro, en reconocimiento a una actividad que se desarrolla desde hace más de tres décadas en el Valle de Lerma y que se convirtió en una de las identidades productivas y gastronómicas del municipio.

La causa, sin embargo, no cuestiona esa actividad productiva ni el reconocimiento obtenido por Cerrillos. Lo que investiga la Justicia son las condiciones en las que habrían trabajado siete personas dentro de una de las fincas dedicadas, entre otras actividades, a esa producción.

Una denuncia a la línea 145

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 145, destinada a recibir alertas sobre posibles casos de trata de personas.

Con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó una inspección en la finca y detectó, según la acusación, condiciones insalubres e irregularidades laborales y salariales.

A partir de esos elementos, la Unidad Fiscal Salta inició actuaciones preliminares en marzo. La investigación es llevada adelante por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, con la participación de la auxiliar fiscal Vanina Pedrano y el abogado José Manuel Lavilla.

El juez federal de Garantías N°2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar a la imputación por trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por haberse consumado la explotación.

El magistrado fijó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación y dispuso medidas coercitivas contra el empresario, entre ellas la prohibición de salir del país y de mantener contacto con determinados empleados.

Pisos de tierra, palets y letrinas

En la finca fueron relevados 20 trabajadores. La imputación por trata alcanza a la situación de siete de ellos.

Durante la audiencia, los fiscales exhibieron fotografías y describieron las condiciones en las que residían algunas de estas personas: habitaciones con piso de tierra, camas realizadas con palets y baños de letrina. Para bañarse, según la acusación, tenían que calentar agua en tachos.

La auxiliar fiscal Pedrano sostuvo además que los salarios, en general, no superaban los $500.000, pese a que los empleados cumplían jornadas que la fiscalía calificó como excesivas. De acuerdo con la acusación, tampoco se pagaban horas extras, feriados ni domingos y existían deficiencias en la cobertura frente a enfermedades y accidentes laborales.

Uno de los trabajadores sufrió una lesión en una pierna y, según relató la fiscalía, tuvo que ser trasladado por un familiar. El empresario no habría afrontado su asistencia ni le habría pagado los días durante los cuales estuvo imposibilitado de trabajar.

Registrados para el tabaco, destinados al cerdo negro

Uno de los puntos centrales de la investigación está en la forma en que eran registrados y posteriormente utilizados los trabajadores.

La fiscalía sostuvo que el empresario disponía de ellos de manera “discrecional”: figuraban como trabajadores de la cosecha de tabaco, pero eran derivados a la cosecha de aceitunas y, especialmente, a la cría de cerdo negro.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron durante la audiencia que registrar trabajadores bajo el régimen del tabaco para luego destinarlos a otras actividades constituye una maniobra utilizada para afrontar una carga salarial menor.

Entre las situaciones expuestas también apareció la de trabajadores adultos mayores que, según la acusación, realizaban tareas excesivas a cambio de remuneraciones muy bajas. Uno de ellos debía concurrir a un comedor de Cáritas porque el dinero que cobraba no le alcanzaba para comer.

Más de $600 millones de ingresos

Frente a las condiciones descriptas, la fiscalía incorporó información sobre la capacidad económica del acusado.

Según datos de ARCA presentados en la audiencia, el empresario registró ingresos superiores a $600 millones durante 2025 y una cifra similar en lo que va de 2026. Para los fiscales, esa situación demuestra que contaba con recursos suficientes para proporcionar viviendas adecuadas y cumplir con las remuneraciones establecidas legalmente.

El defensor público de víctimas Nicolás Escandar, que representa a tres de los afectados, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y pidió que se formalizara la imputación.

“Esto me pasa por ayudar a la gente”

El empresario declaró durante la audiencia y negó haber cometido un delito.

Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”, afirmó.

Respecto de las habitaciones precarias y las letrinas encontradas durante la inspección, sostuvo que esos sectores no estaban habilitados para ser utilizados por los trabajadores y que eran ellos quienes decidían ocuparlos.

También reconoció que su error había sido “no haber derribado esas piezas” y aseguró que existen otras viviendas con aire acondicionado, televisión satelital y mayores comodidades que, según cuestionó, no fueron fotografiadas durante el procedimiento.

La causa continuará ahora con la producción de pruebas durante los seis meses concedidos por el juez. La fiscalía deberá sostener durante ese período la acusación de que las condiciones detectadas excedieron una irregularidad laboral y constituyeron trata de personas con fines de explotación laboral.

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