Diputados podría debatir la libre elección de obra social para estatales

La Cámara de Diputados de Salta podría debatir este martes un proyecto que propone permitir a los empleados públicos provinciales elegir su cobertura de salud, en lugar de permanecer obligatoriamente dentro del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS).

La iniciativa figura en el acta de labor parlamentaria y fue presentada por diputados de La Libertad Avanza. De avanzar, abriría una discusión de fondo sobre el actual sistema de afiliación de los estatales y, especialmente, sobre el financiamiento del IPS.

El proyecto propone modificar el régimen vigente para establecer la libertad de elección de cobertura de salud para el Sector Público Provincial.

Sus autores son los diputados Eduardo Virgili, Nicolás Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids, Fernanda Domínguez, Alejandro Esper, Franco Lastra y Sergio López.

El argumento: los estatales también deberían poder elegir

La fundamentación toma como antecedente los cambios introducidos por el Gobierno nacional mediante el DNU 70/2023 y los decretos posteriores que ampliaron la posibilidad de elección entre agentes del seguro de salud y empresas de medicina prepaga para trabajadores en relación de dependencia.

Los autores reconocen que las obras sociales provinciales mantienen autonomía dentro del sistema federal, pero cuestionan que los empleados públicos salteños permanezcan sujetos a una afiliación obligatoria.

Según plantean, existe una diferencia respecto de los trabajadores del sector privado que actualmente cuentan con mayores posibilidades de decidir dónde dirigir sus aportes.

La discusión, sin embargo, tiene una particularidad: el IPS no es una obra social nacional alcanzada automáticamente por aquellas reformas, sino un organismo provincial regido por legislación salteña. Por eso, para modificar el sistema de los empleados públicos se necesita una decisión de la Legislatura provincial.

El IPS y sus más de 200 mil afiliados

El proyecto apunta directamente a uno de los pilares sobre los que funciona actualmente el Instituto: su padrón obligatorio.

En los fundamentos, los legisladores libertarios sostienen que el IPS cuenta con más de 200 mil afiliados asegurados por ley y consideran que esa condición reduce los incentivos para competir por la calidad del servicio.

La propuesta parte de una lógica diferente: que el afiliado pueda irse.

Para sus autores, la posibilidad de perder aportantes obligaría al organismo a mejorar prestaciones, revisar costos administrativos, agilizar auditorías y ampliar o mejorar su red de prestadores para conservar afiliados.

Ese argumento abre, al mismo tiempo, uno de los interrogantes centrales que deberá atravesar el debate legislativo: qué ocurriría con el financiamiento y la capacidad prestacional del IPS si una parte de los trabajadores públicos decide derivar sus aportes hacia otra cobertura.

La fundamentación difundida en el acta parlamentaria sostiene que la competencia permitiría mejorar el funcionamiento del organismo, pero el texto allí resumido no cuantifica cuántos afiliados podrían abandonar el sistema ni cuál sería el eventual impacto económico.

El plus médico, otro argumento del proyecto

La iniciativa también incorpora al debate los reclamos por el denominado “plus médico”, los cobros adicionales que algunos profesionales exigen a afiliados por encima de lo reconocido por la obra social.

Los diputados consideran insuficiente abordar esa problemática únicamente mediante prohibiciones, sanciones o cartelería en los consultorios.

Su planteo es que la posibilidad de elegir otra cobertura funcionaría como una presión sobre el propio IPS para mejorar los aranceles que paga a los profesionales, controlar a sus prestadores y elevar la calidad del servicio.

La discusión que podría llegar al recinto este martes excede así una modificación administrativa. El proyecto pone en cuestión la obligatoriedad misma de pertenecer al IPS para los trabajadores públicos provinciales y propone reemplazarla por un sistema en el que el afiliado pueda decidir dónde tener su cobertura.

Al estar incorporado al acta de labor parlamentaria, el proyecto está previsto entre los asuntos que podrían ser tratados durante la sesión, aunque su inclusión no implica por sí sola que finalmente sea debatido o aprobado.