Empresa sancionada por operar en Malvinas recibió beneficios del RIGI

Una empresa inhabilitada para desarrollar actividades en la Argentina por haber operado en la plataforma continental cercana a las Islas Malvinas integra actualmente una sociedad beneficiada por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El caso fue planteado públicamente por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, quien pidió explicaciones a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno sobre la situación de Harbour Energy, accionista del 15% de Southern Energy.

El punto central del planteo está en los antecedentes de la petrolera. Harbour Energy se denominaba anteriormente Premier Oil PLC, compañía que en 2013 fue sancionada por la Secretaría de Energía por realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del país.

La Resolución 481 de aquel año dispuso su inhabilitación por 15 años para desarrollar actividades en la Argentina, en aplicación de la Ley 26.659. La sanción, por lo tanto, se extendería hasta 2028.

Ferraro sostiene que el cambio de denominación de Premier Oil a Harbour Energy, producido en 2021, no implicó la creación de una nueva sociedad y, en consecuencia, tampoco habría extinguido la sanción.

“Todos sabemos que un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior”, planteó el legislador.

El proyecto recibió el RIGI

Harbour Energy posee actualmente el 15% de Southern Energy, una sociedad integrada además por Pan American Energy, con el 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; y Golar LNG, con el 10%.

Southern Energy fue incorporada al RIGI mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía para desarrollar un proyecto de exportación de gas natural licuado desde Río Negro, con una inversión prevista de US$2.825 millones durante diez años.

El proyecto contempla la instalación de infraestructura para operar con dos buques de licuefacción. El primero está previsto para principios de 2027 y permitiría procesar unos 11,5 millones de metros cúbicos diarios de gas. Con la llegada del segundo, prevista para 2028, la capacidad alcanzaría los 16 millones de metros cúbicos diarios.

La objeción de Ferraro no apunta así a Southern Energy en su conjunto, sino a la participación dentro de la sociedad de una compañía que, según sostiene, continúa alcanzada por una inhabilitación vigente.

“Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente”, afirmó.

El diputado reclamó que Caputo y Quirno expliquen cómo una empresa alcanzada por esa sanción terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI y si el Gobierno prevé adoptar alguna medida.

El planteo aparece tras el anuncio de Milei

La controversia adquiere además una dimensión política por el momento en que aparece. Días atrás, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que el Gobierno aplicará sanciones a empresas extranjeras que desarrollen actividades en las Islas Malvinas.

Las petroleras Navitas y Rockhopper, vinculadas al proyecto Sea Lion, adelantaron que continuarán con sus operaciones, mientras que SLB, Baker Hughes y Halliburton comunicaron que no participarán de proyectos en el archipiélago.

Ahora, el planteo de Ferraro pone el foco sobre una situación anterior pero todavía vigente: una petrolera sancionada precisamente por operar en la zona de Malvinas participa de una sociedad que recibió uno de los principales beneficios económicos creados por el actual Gobierno.

Por el momento, según la información publicada por LA NACION, no hubo una explicación oficial de Economía o Cancillería sobre la compatibilidad entre la inhabilitación que pesa sobre Premier Oil y la participación de Harbour Energy en Southern Energy.