Acordaron delimitar nueve parcelas en los ex Lotes Fiscales 55 y 14

El proceso de regularización de tierras en los ex Lotes Fiscales 55 y 14 sumó un nuevo paso con el acuerdo para delimitar nueve parcelas criollas en una zona previamente consensuada entre comunidades indígenas, familias criollas y el Estado, donde no existen reclamos territoriales.

Las tareas fueron realizadas por el equipo de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, en representación de la Unidad Ejecutora Provincial, en el marco del cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat vs. Estado Argentino.

Trabajo en territorio

Los equipos técnicos trabajaron en el sector conocido como Pozo El Chañar, un área de aproximadamente 3.800 hectáreas considerada libre de reclamos indígenas.

Durante los recorridos se relevaron y georreferenciaron mejoras existentes junto a los pobladores, lo que permitió definir el parcelamiento interno del predio.

Con la información obtenida se elaboró un mapa digital que luego fue presentado en una reunión realizada en Represa Vieja, donde las partes firmaron un acta con los acuerdos alcanzados.

Ese documento servirá de base para confeccionar los nueve croquis parcelarios que posteriormente serán rubricados por las familias beneficiarias.

Diálogo entre las partes

En paralelo, funcionarios provinciales participaron de una nueva reunión de la Mesa de Gestión de Santa Victoria Este, desarrollada en la comunidad indígena Cañaveral, donde representantes de organizaciones indígenas, familias criollas y organismos de acompañamiento técnico analizaron el avance del proceso de regularización territorial.

El encuentro permitió coordinar nuevas acciones y fortalecer el diálogo entre los distintos actores involucrados.

Un nuevo avance

Desde el Gobierno provincial destacaron que el acuerdo alcanzado representa un paso significativo para avanzar en la regularización de tierras y en la demarcación entre comunidades indígenas y familias criollas, dando cumplimiento a la sentencia internacional y consolidando consensos para brindar mayor seguridad jurídica sobre la ocupación de los terrenos.