Condenados podrán cumplir tareas comunitarias y capacitarse en programas municipales

La aplicación del nuevo Código Procesal Penal en Salta comenzará a incorporar nuevas herramientas para el cumplimiento de medidas alternativas al encarcelamiento. En ese marco, la Corte de Justicia y la Municipalidad de Salta analizaron los avances de los convenios de cooperación firmados en abril y coordinaron la puesta en marcha de programas destinados a personas que deban cumplir reglas de conducta impuestas por la Justicia.

La presidenta de la Corte, Teresa Ovejero Cornejo, y el intendente Emiliano Durand encabezaron una reunión de trabajo en la que revisaron el estado de implementación de los acuerdos, cuyo objetivo es aprovechar la estructura operativa del municipio para dar respuestas concretas a las resoluciones judiciales.

Uno de los principales cambios será la posibilidad de que personas condenadas con ejecución condicional o beneficiadas con medidas alternativas al encierro participen en cursos de capacitación en oficios y realicen tareas comunitarias organizadas por la Municipalidad.

La medida también alcanzará a imputados cuyo juicio haya sido suspendido a prueba, siempre que deban cumplir pautas de conducta y medidas de reparación dispuestas por los jueces.

La OMAS coordinará las derivaciones

El funcionamiento del sistema estará a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS), organismo del Poder Judicial que centralizará las derivaciones y evaluará, junto con el municipio, la disponibilidad de cupos y los perfiles de cada persona antes de asignarle una actividad.

El objetivo es que las reglas de conducta impuestas por los magistrados puedan traducirse en acciones concretas de capacitación, inserción social y reparación comunitaria, aprovechando la presencia territorial que tiene la Municipalidad en los distintos barrios de la ciudad.

Programa para agresores de violencia de género

Otro de los ejes analizados fue la implementación del Programa de Abordaje Preventivo y Reeducativo para Varones que Ejercieron Violencia de Pareja, destinado a personas que deban asistir obligatoriamente como parte de una resolución judicial.

El dispositivo buscará reducir la reincidencia mediante un trabajo psicosocial orientado a revisar conductas violentas, incorporar la perspectiva de género y promover nuevas formas de resolución de conflictos.

Podrán participar hombres condenados con ejecución condicional, personas en libertad condicional o quienes se encuentren bajo medidas alternativas a la prisión preventiva. En cambio, quedarán excluidos quienes registren antecedentes por delitos de violencia de género, padezcan trastornos mentales graves que impidan el trabajo grupal o presenten consumos problemáticos incompatibles con el desarrollo del programa.

La coordinación operativa estará a cargo de la Municipalidad, mientras que el Poder Judicial realizará el acompañamiento técnico y la supervisión de los equipos responsables de la ejecución.

Con esta articulación, ambas instituciones buscan fortalecer las medidas alternativas previstas por el nuevo sistema penal, promoviendo mecanismos que favorezcan la reinserción social, el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales y la prevención de nuevas conductas delictivas.