En el Senado salteño comenzó el análisis de un proyecto de ley que busca establecer una normativa única para el funcionamiento de servicios de transporte de pasajeros a través de aplicaciones digitales en todo el territorio provincial. La iniciativa apunta a saldar los vacíos legales existentes en los viajes entre municipios, donde la legalidad de estos servicios queda en una zona ambigua.
El debate tuvo lugar en una reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, con la participación de autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y numerosos legisladores. El autor del proyecto, el senador Javier Mónico, subrayó que el objetivo es dar respuestas concretas a los usuarios y garantizar un servicio de calidad en un escenario donde el uso de plataformas como Uber es cada vez más frecuente.
La ciudad de Salta ya cuenta con una ordenanza que habilita el funcionamiento de aplicaciones digitales de transporte. Sin embargo, esta legalidad se diluye cuando los viajes cruzan hacia otros municipios del área metropolitana, como Cerrillos, Vaqueros o San Lorenzo, donde las normativas locales aún no contemplan estos servicios.
En representación de la AMT, su presidente Marcelo Ferraris reconoció que el sistema actual presenta desafíos de control y regulación. Señaló que la irrupción de plataformas digitales puede generar tensiones con el transporte público tradicional, especialmente en un contexto en el que los servicios masivos enfrentan problemas de financiación por la falta de subsidios nacionales.
Ferraris alertó sobre la dificultad para fiscalizar a vehículos sin identificación visible y cuyos conductores operan bajo condiciones fijadas unilateralmente por las aplicaciones. También planteó la posibilidad de que una competencia desleal impacte negativamente en la sostenibilidad de los servicios de transporte masivo en zonas alejadas o de difícil acceso.
Los senadores presentes expresaron preocupaciones diversas, reflejo de las distintas realidades del interior provincial. Se mencionaron casos como el de Santa Victoria Este, donde la ausencia de transporte formal obliga a la población a pagar tarifas elevadas por viajes inseguros, o la situación de Cachi, donde la escasez de opciones de movilidad vuelve urgente la incorporación de nuevas soluciones.
En el debate también se mencionó la necesidad de incluir alternativas como las combis dentro del esquema regulado, sobre todo en regiones con caminos complejos o distancias extensas. La AMT, por su parte, no descartó esa posibilidad, en especial en contextos como el de Iruya, donde la desregulación nacional ya permite ciertos márgenes de acción.
La discusión legislativa continuará en las próximas semanas, en paralelo al estudio de impacto que la AMT ha comenzado a realizar sobre el funcionamiento de las plataformas digitales y su relación con el sistema de transporte convencional. Mientras tanto, crece el consenso en torno a la necesidad de una ley marco que contemple la diversidad geográfica, económica y tecnológica de la provincia de Salta.
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