Mediante Resolución con fecha 26 de abril de 2022, el Procurador General Pedro García Castiella encomendó a la Fiscalía Penal de Derechos Humanos que, en el ámbito de su competencia especializada, de prioridad e imprima celeridad a los casos más graves de violaciones a derechos humanos.
Refiere a supuestos hechos de tortura previstos, a fin de evitar que los efectos del delito se sigan cometiendo, como así también instar a las medidas de protección indispensables para resguardas a las víctimas, reunir los elementos que permitan arribar a la verdad de los hechos y procurar que sean enjuiciados en tiempo oportuno.
De igual forma encomendó a todos los magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal que extremen los recaudos para identificar, en el contexto de los casos penales que se encuentren interviniendo, supuestos en los que miembros de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial, en exceso del cumplimiento de sus funciones o en abierta violación de la ley, violenten derechos fundamentales de las personas involucradas en una investigación penal o que se encuentren bajo su custodia.
El Procurador General dispuso también, que todas las Fiscalías Penales de la provincia deberán, ante conocimiento de un hecho de este tipo, cargar el relato correspondiente en el “Sistema de Denuncias del Ministerio Público”, indicando en el tipo de parte a registrar que los denunciados pertenecen a la Policía o al Servicio Penitenciario, según corresponda, especificando la calificación jurídica que surja prima facie en el espacio previsto para el tipo de delito.
Finalmente, encomendó a la Dirección de Informática y a la Coordinación Informática de la Procuración General que efectúe las adaptaciones necesarias para la implementación de lo dispuesto.
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