El Instituto Provincial de Salud (IPS) volvió a colapsar en los titulares, y, como ya ocurrió en otras oportunidades, el gobernador Gustavo Sáenz tuvo que asumir el papel de mediador para evitar que el conflicto derive en un caos sanitario. Tras una semana marcada por la suspensión del crédito a los afiliados, la rescisión del convenio con el Círculo Médico de Salta y acusaciones cruzadas que tensionan al sistema, Sáenz y el ministro de Salud, Federico Mangione, convocaron a una mesa de negociación. La reunión aún no tiene fecha confirmada, pero marca un intento de encauzar la crisis antes de que la atención a los afiliados se vea afectada.
El escenario actual no es nuevo. Gustavo Sáenz ya debió intervenir anteriormente en el IPS, primero tomando decisiones para “intervenir” la obra social ante la acumulación de conflictos administrativos y financieros, y luego cuando se planteó un polémico proyecto que buscaba trasladar a todos los jubilados afiliados al PAMI. En esa ocasión, el gobernador se reunió con los secretarios generales de gremios y sindicatos, y anunció que retiraría el proyecto de reforma del IPS de la Legislatura, demostrando que su rol es, una vez más, el de garante de la continuidad del sistema y de la estabilidad social.
El conflicto actual comenzó con la suspensión del crédito por parte del Círculo Médico, que afecta a unos dos mil profesionales y a miles de afiliados. La respuesta del IPS fue la rescisión unilateral del convenio vigente desde 2005, alegando que la medida de los profesionales médicos respondía a una “extorsión” que ponía en riesgo los recursos de la obra social. Desde el Círculo Médico denunciaron que la medida del IPS “atenta contra la unidad de los profesionales y amenaza la libertad de elección del médico por parte de los afiliados”, mientras que la deuda acumulada supera los 4.000 millones de pesos.
A lo largo de la semana, la situación escaló con solicitadas, asambleas y acusaciones públicas cruzadas, en un clima que recordó episodios previos donde la intervención del gobernador fue necesaria para frenar el deterioro del sistema. La convocatoria de Sáenz y Mangione a una mesa de negociación representa, según el Círculo Médico, “un hecho positivo”, aunque todavía no se haya definido fecha ni horario. La expectativa se centra en que la mesa pueda destrabar los conflictos de pagos, garantizar la continuidad de la atención y generar confianza en un sistema que, por momentos, se muestra al borde del colapso.
La repetida necesidad de intervención del gobernador revela, sin embargo, un problema estructural del IPS: un entramado administrativo y financiero que no logra sostener acuerdos de manera autónoma, y una obra social que, pese a las alertas y los antecedentes, sigue acumulando tensiones con los profesionales que sostienen el sistema. Sáenz, en su rol de mediador político y gestor de crisis, vuelve a ser el eslabón necesario para evitar que estas tensiones terminen impactando en la atención sanitaria de miles de salteños.
El desafío es doble: el gobierno provincial debe mostrar capacidad de negociación y resolución, mientras que el Círculo Médico y el IPS deben avanzar hacia acuerdos concretos que aseguren pagos, condiciones de trabajo y el respeto a la autonomía profesional. Los afiliados observan con atención cómo se resuelve un conflicto que, por su magnitud y reiteración histórica, ya no admite dilaciones.
En Salta, cuando el IPS se ve atrapado en crisis que amenazan a los afiliados, la intervención del gobernador vuelve a ser la única constante, recordando que, en este sistema, la política y la gestión sanitaria parecen indisolublemente entrelazadas.
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