Días atrás, el Gobierno de Salta se reunió con una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional con el objetivo de coordinar acciones conjuntas relacionadas a límites y pasos fronterizos de la Provincia. De la reunión participaron intendentes de Salta que tienen pasos fronterizos en sus municipios.
En el encuentro se diagramó una agenda de trabajo entre Nación, Provincia y Municipios de Salta de cooperación mutua para fortalecer el federalismo exterior que el Estado nacional encara en todas las provincias argentinas.
“Las autoridades nacionales toman determinaciones sin conocer la realidad que se ha creado. Es un tema muy complicado, no es así nomás que se tomen determinaciones, entonces me pareció perfecto que venga gente de Cancillería a Salta para que los intendentes del norte contemos nuestras realidades”, dijo el interventor de Salvador Mazza, Adrián Zigarán.
Zigarán explicó que con el corte del puente por la pandemia se generaron pasos alternativos en Salvador Mazza que están siendo ocupados por bagayeros que ganan entre 5 mil y 10 mil pesos por día. Por lo que, aseguró, que la habilitación del puente generaría un caos social ya que son 3000 personas que se quedarían sin ese trabajo.
Por otro lado, habló acerca del estado de la causa contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y cómo encontró el municipio cuando tuvo que intervenirlo.
“La realidad de este municipio es peor que la de Aguaray. Nosotros pedimos que la fiscal acelere la causa, pusimos mucho material a disposición, sobretodo de la auditoría. Con la auditoría la fiscalía me tiene que confirmar a mí cuánta plata se iba por mes a otro lado y no al municipio”, sostuvo.
El interventor explicó que el sistema que utilizaba Méndez para quedarse con fondos del municipio era a través del VOVE (Verificación Obligatoria Vehicular), una tasa que se les cobra a los camiones de comerciantes locales un 2% y a los que no son locales un 6%. Según Zigarán, en esa cabina de recaudación se junta más de un millón de pesos por día, pero Méndez declaraba entre 500 y 600 mil pesos por día a los concejales. Por otro lado, quienes tenían amigos en el lugar no pagaban nada.
Ahora, se solicitó la creación de un software nuevo con el cual el tesorero sepa cuánto se está recaudando y no sea solo la palabra del recaudador, y además para que se pueda pagar con tarjeta de crédito, débito o código QR y no sea solo efectivo.
“Era un sistema bastante corrupto, hay un montón de aristas. Estaba tan atrasado el municipio que ahora compramos focos y lámparas para las calles, hoy salió una licitación por 20 millones de pesos para construir un pozo. Estamos invirtiendo en obras y los vecinos están viendo ese cambio”, comentó Zigarán.
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