La Justicia Federal de Salta formalizó la imputación penal contra el exdiputado nacional Emiliano Estrada en una causa que investiga el presunto uso de recursos del Estado Nacional para financiar campañas de desprestigio político a través de videos anónimos difundidos en redes sociales.
La decisión fue adoptada por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, quien hizo lugar al pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, tras una serie de planteos defensivos que durante meses impidieron el avance del expediente. Estrada quedó imputado por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios.
La investigación se originó en la justicia provincial y fue derivada al fuero federal luego de establecerse que el exlegislador habría ordenado la creación de una serie de videos con “contenidos dudosos”, en los que se vinculaba al Gobierno de Salta con actividades relacionadas al narcotráfico. Según la acusación, ese material habría sido producido por asesores que cumplían funciones en el Congreso de la Nación, por lo que se habrían utilizado fondos públicos nacionales.
Uso de fondos públicos y videos anónimos
Durante la audiencia de formalización, realizada con la participación remota de Estrada, el fiscal Amad sostuvo que no está en discusión la libertad de expresión ni el discurso político del exdiputado, sino el uso indebido de su autoridad para encargar la producción de videos desde el anonimato y fuera de los canales institucionales.
“No se trata de una opinión política, sino de haber ordenado la creación de contenidos desde la clandestinidad, utilizando recursos del Estado”, remarcó el fiscal, al señalar que los videos fueron difundidos de manera anónima en redes sociales y que su contenido podría encuadrar incluso en el delito de intimidación pública.
Amad explicó que la maniobra habría sido financiada con fondos del Estado Nacional, ya que los encargados de producir el material eran asesores parlamentarios, lo que sustenta la imputación por peculado de servicios.
Rechazo a la nulidad y avance de la causa
La defensa del exlegislador planteó la nulidad de la imputación y volvió a cuestionar la competencia federal, además de sostener que se trata de una persecución política. Sin embargo, la jueza Giménez rechazó todos los planteos al considerar que se trataba de desacuerdos sin sustento jurídico.
La magistrada recordó que, a partir de la formalización de la investigación, la defensa podrá acceder al legajo, ofrecer pruebas y ejercer plenamente su derecho de defensa.
El fiscal solicitó un plazo de 50 días hábiles de investigación y pidió como medida de coerción que Estrada se comprometa a no entorpecer el proceso y a presentarse cada vez que sea convocado por la Justicia.
Un derrotero judicial con múltiples incidentes
El expediente tuvo un extenso recorrido judicial. La primera audiencia se realizó el 10 de febrero, cuando la causa fue remitida al Juzgado Federal N°2 tras una declaración de incompetencia de la justicia provincial. Luego intervinieron distintos juzgados, incluso de Capital Federal, que reclamaron la competencia, lo que demoró la definición del caso.
En junio pasado, el fiscal Amad solicitó el desafuero de Estrada, quien aún era diputado nacional. Aunque su mandato venció el 10 de diciembre, el trámite continuó y fue avalado por la Cámara Federal de Casación Penal el 25 de noviembre.
Finalmente, tras el rechazo de una recusación contra la jueza Giménez y la caída de los últimos planteos defensivos, la imputación quedó firme y la causa comenzó a avanzar en el fuero federal.
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