Las explotaban detrás de una pantalla

Lo que durante años se presentó como una oportunidad para ganar dinero desde una computadora terminó, según la acusación fiscal, convirtiéndose en una sofisticada organización dedicada a la explotación sexual en entornos digitales. El juicio que se desarrolla en San Juan expuso cómo una red habría captado a decenas de mujeres mediante supuestos trabajos de modelaje para luego someterlas a transmisiones sexuales en vivo, bajo condiciones de control económico y laboral que, para el Ministerio Público Fiscal, constituyen un caso de trata de personas.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez solicitaron que el abogado Gustavo Antonio de la Fuente y el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo Medina sean condenados a 12 años de prisión como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La sentencia se conocerá el próximo 2 de julio.

Pero el pedido de condena no fue el único dato que sobresalió durante la audiencia.

La fiscalía también requirió una reparación integral para las 37 víctimas que supera los 1.152 millones de pesos, además del decomiso de seis inmuebles y tres vehículos que habrían formado parte de la estructura utilizada para desarrollar la actividad ilícita.

La acusación fue todavía más allá al solicitar que todas las plataformas digitales donde permanezca alojado el material producido durante la explotación eliminen de inmediato esos contenidos. El objetivo, sostuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal, es impedir que el delito siga generando consecuencias para las víctimas incluso después del desmantelamiento de la organización.

Una modalidad que cambió con la tecnología

El caso refleja una transformación que preocupa cada vez más a los investigadores especializados en trata de personas: la migración de la explotación sexual desde espacios físicos hacia plataformas digitales con alcance global.

Según la investigación, la organización operó entre marzo de 2022 y julio de 2024 desde estudios webcam instalados en la ciudad de San Juan. Allí, las mujeres realizaban transmisiones sexuales en vivo para usuarios de distintos países utilizando plataformas internacionales dedicadas al contenido para adultos.

La fiscalía sostiene que las víctimas eran captadas mediante publicaciones en redes sociales que ofrecían supuestos trabajos de modelaje para la firma "Belle Argentina". Las promesas hablaban de independencia económica, ingresos en dólares y una rápida mejora en la calidad de vida.

Sin embargo, una vez incorporadas a la estructura, la realidad era completamente distinta.

Promesas, descuentos y control permanente

De acuerdo con la acusación, las mujeres debían cumplir jornadas de siete horas diarias durante seis días por semana produciendo contenido sexual para diversas plataformas.

El dinero tampoco quedaba íntegramente en sus manos.

Los acusados retenían, al menos, el 50% de las ganancias obtenidas y aplicaban descuentos que la fiscalía calificó de arbitrarios. Las deducciones podían originarse por llegadas tarde, cansancio, ausencias, incumplimiento de horarios e incluso por el período menstrual.

La investigación también reveló que existía un sistema de "referidos" mediante el cual las propias mujeres obtenían beneficios económicos si lograban incorporar nuevas jóvenes al circuito.

Para los investigadores, este mecanismo permitió ampliar progresivamente la red de explotación.

Cuando el cuerpo también era controlado a distancia

Uno de los aspectos más novedosos del expediente es el papel que desempeñó la tecnología.

La fiscalía explicó que durante muchas de las transmisiones se utilizaban dispositivos sexuales interactivos conectados a internet que podían ser activados por los propios usuarios desde cualquier parte del mundo.

Los pagos se realizaban mediante sistemas de "tokens" y criptomonedas, mientras que quienes observaban las transmisiones podían controlar esos dispositivos en tiempo real.

Para el Ministerio Público Fiscal, este mecanismo otorgaba a los usuarios una intervención material directa sobre el cuerpo de las víctimas, ampliando el alcance de la explotación mucho más allá de una simple transmisión por internet.

Ese elemento aparece como uno de los aspectos jurídicos más innovadores del proceso y refleja cómo las organizaciones criminales adaptan sus métodos al avance tecnológico.

La vulnerabilidad como punto de partida

Durante el alegato, la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez puso el foco sobre el contexto social de las mujeres afectadas.

La acusación sostiene que la organización identificaba personas atravesadas por situaciones económicas críticas y aprovechaba esa vulnerabilidad para incorporarlas bajo falsas expectativas laborales.

Muchas buscaban un ingreso urgente, otras atravesaban dificultades personales o familiares. Esa necesidad, afirmaron los fiscales, fue el principal recurso utilizado para iniciar la captación.

La investigación incluso estableció que una de las víctimas fue trasladada desde La Rioja hasta San Juan para integrarse al funcionamiento del estudio webcam.

Mucho más que una condena

Además de las penas de prisión, la fiscalía pidió que la sentencia reconozca expresamente que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y que las plataformas incorporen mensajes permanentes con información sobre la línea nacional 145 para denunciar casos de trata y explotación de personas.

También solicitó la difusión pública de la futura sentencia como parte de las medidas de reparación.

El juicio expone una realidad que comienza a ganar espacio en los tribunales argentinos: la explotación sexual ya no necesita prostíbulos ni redes visibles. Puede funcionar detrás de una computadora, apoyarse en redes sociales para captar víctimas, utilizar criptomonedas para mover dinero y operar en plataformas que conectan a explotadores y consumidores desde distintos países. La decisión que el Tribunal Oral Federal de San Juan dará a conocer el 2 de julio podría convertirse en un antecedente relevante para investigar y sancionar una modalidad criminal que evoluciona al mismo ritmo que la tecnología.