A una semana de su lanzamiento oficial, el Plan Güemes, impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, busca combatir el delito en las zonas fronterizas de la provincia. Sin embargo, la implementación del plan ha generado controversias, especialmente en el departamento de Orán, donde miles de familias dependen del trabajo de frontera.
En una entrevista con Interactiva Noticias, la periodista de Orán, Andrea Silvera, analizó las consecuencias sociales de esta iniciativa, que incluye la incorporación de aproximadamente 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar las áreas críticas del río Bermejo (Aguas Blancas) y la Ruta Nacional 34. Silvera destacó que el plan ha generado una profunda incertidumbre y rechazo entre los trabajadores fronterizos.
“Hay un sector muy grande como el de los trabajadores de fronteras que están totalmente en desacuerdo con la implementación del plan”, señaló Silvera. “También hay un sector gubernamental que aún no entiende cuáles son los alcances de esta implementación. Esta incertidumbre no hace más que desestabilizar los ánimos de todos los ciudadanos”.
El impacto en la economía local
La periodista subrayó la importancia del trabajo de frontera para la economía del norte salteño. “Toda la zona norte, especialmente el departamento de Orán, vive gracias al trabajo de frontera”, explicó. “Hablo puntualmente de la gente que realiza el contrabando de mercadería, porque después suceden otras cosas que deben ser abordadas por las fuerzas de seguridad”.
Silvera detalló cómo la clausura de pasos clandestinos ha afectado a miles de personas. “Estamos hablando de casi 4.000, 5.000 personas diarias; algunos hablan incluso de 10.000”, afirmó. “Hoy, esas familias no ven una solución a corto plazo. Esto ya sucedió en 2018 y terminó en un serio problema social”.
La actividad comercial vinculada indirectamente al bagalleo también ha sufrido las consecuencias. “El bagallero mueve la economía de Orán. Las personas que vienen en los tours de compra utilizan servicios locales: restaurantes, estaciones de servicio, alojamientos. Incluso el gomero o cualquier persona ligada a esta actividad ilegal se ven afectados”, sostuvo.
Falta de infraestructura y medidas claras
Para Silvera, uno de los mayores problemas del plan es la falta de previsión e infraestructura. “Tenemos un solo escáner en el puesto 28, lo que genera un cuello de botella. Hay demoras de 4 a 5 horas de espera”, describió. “Si hubieran colocado más escáneres o pensado en una infraestructura adecuada, se podría haber separado a los bagalleros de quienes pasan por aduana”.
Silvera también destacó que no se está atendiendo adecuadamente el problema principal. “La droga se cuela por ahí, pero no es todo. Lo importante habría sido apuntar primero al tráfico de drogas y después regularizar la actividad de los bagalleros con un plan claro”, opinó.
Posible conflicto social
La periodista advirtió sobre un posible estallido social si no se toman medidas inmediatas. “Hoy ya iba a haber una reunión con la intención de plantear algunas soluciones. No nos olvidemos de que esta es una época fuerte para los bagalleros, como Navidad y Año Nuevo, y no están pudiendo cumplir con la demanda”, aseguró.
En cuanto a los pasos clandestinos, Silvera explicó: “Habría uno que no está cortado, pero está bastante lejos de la ciudad, lo que complica aún más el tránsito”. Además, desmintió los rumores sobre un enfrentamiento entre bagalleros y Prefectura: “Eso sucedió en Formosa, no en Orán”.
Finalmente, Silvera concluyó que la implementación del Plan Güemes se ha hecho de manera improvisada y sin considerar las consecuencias. “Esto ya lo vivieron. La misma Patricia Bullrich sufrió las consecuencias de malas medidas en el pasado. No se tomaron en cuenta todas estas implicancias”, sentenció.
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