El Gobierno de Salta reactivó formalmente las negociaciones paritarias 2026 y fijó una nueva reunión para el 19 de este mes, en un contexto marcado por la caída de los recursos nacionales, la pérdida de poder adquisitivo y un escenario económico que el propio Ejecutivo calificó como adverso. El encuentro volvió a apoyarse en un dato político central: por séptimo año consecutivo, la Provincia sostiene una mesa de diálogo abierta con los trabajadores del Estado.
La primera reunión del año funcionó como instancia de diagnóstico. Allí se expuso la situación económica general y cada representación gremial planteó demandas, prioridades y propuestas, con el objetivo de comenzar a acercar posiciones de cara a los próximos encuentros. Desde el Ejecutivo se remarcó que el eje sigue siendo la defensa del servicio público, la distribución equitativa de los recursos disponibles y la continuidad del funcionamiento del Estado provincial.
En ese marco, el Gobierno reiteró una serie de medidas adoptadas para sostener la actividad y amortiguar el impacto de la crisis: otorgamiento de bonos, asistencia a pequeñas y medianas empresas, reducción de impuestos, planes de pago, apoyo al turismo, acompañamiento a los municipios y preservación de la carrera del empleado público. La premisa, señalaron, es mantener un Estado presente, aun con menos recursos.
Uno de los datos centrales del encuentro fue el reconocimiento de la merma real en los ingresos provinciales. Salta recibe actualmente cerca de un 7% menos de fondos nacionales, lo que se traduce en una pérdida equivalente de poder de compra. En los últimos dos años, la Provincia dejó de percibir aproximadamente 700 mil millones de pesos y, de no haberse producido esos recortes, hoy contaría con casi un billón de pesos adicional por año.
Desde el Ejecutivo también se trazó un análisis del contexto nacional, caracterizado como un modelo económico ortodoxo, con baja de la demanda, desaceleración inflacionaria y una fuerte recesión. Según se expuso, esa combinación impacta de lleno en la industria, el empleo y los ingresos provinciales, en un escenario de menos Estado y ajustes sostenidos.
El impacto social de esta situación se refleja, según los datos oficiales, en indicadores laborales preocupantes: siete de cada diez personas presentan problemas de empleo y la pérdida de puestos de trabajo es la más significativa desde la pandemia. En ese sentido, se advirtió que la reforma laboral impulsada a nivel nacional actúa, en los hechos, como una reforma impositiva, al reducir el impuesto a las ganancias para grandes empresas, un tributo coparticipable que afecta directamente a las provincias.
Aun sosteniendo el equilibrio fiscal y políticas de alivio impositivo, Salta perdió 317 pymes en los últimos dos años, en línea con una caída nacional de 18.500 pequeñas y medianas empresas, un dato que refuerza —según el Gobierno— la necesidad de profundizar el diálogo paritario y las políticas de acompañamiento al sector productivo y al empleo público.
Por el sector gremial, estuvieron presentes representantes de Educación, Salud y otras áreas del Estado. El secretario general de la Asociación Docente Provincial, Fernando Mazzone, realizó un balance crítico del primer encuentro. Señaló que el Ejecutivo expuso con claridad la situación financiera, pero insistió en la necesidad de avanzar hacia una recomposición salarial real, definir con precisión el “mes testigo” y avanzar en el blanqueo de sumas no remunerativas.
Mazzone también expresó la preocupación del sector docente por el impacto de la reforma laboral nacional y advirtió que cualquier modificación del estatuto docente deberá analizarse con cautela y dentro de una agenda amplia de debate.
Con una nueva reunión ya fijada para el 19, la paritaria 2026 entra ahora en su etapa más sensible: la de transformar diagnósticos en propuestas concretas, en un escenario donde la discusión salarial convive con una restricción estructural de recursos y una crisis económica que condiciona a todas las provincias.
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