En una nueva reunión del Consejo Asesor de Fiscales encabezada por el Procurador Abel Cornejo, se analizó el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género.
La fiscal penal 1 de Violencia de Género, Claudia Geria, indicó que en la última partida llegaron de Nación nueve pulseras y advirtió que en lista de espera hay unos 400 casos.
Las pulseras de monitoreo son provistas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde marzo de 2017, cuando se implementó el sistema UNMOVI (Unidad de Monitoreo para Víctimas de Violencia) en Salta y otras cuatro provincias elegidas por la cartera nacional.
Los fiscales de violencia de género son quienes determinan cuáles son los casos que ameritan el uso de las pulseras electrónicas. Los imputados son controlados mediante los dispositivos a fin de verificar distintas medidas cautelares dictadas en beneficio de las víctimas, entre ellas la prohibición de acercamiento.
Desde que el protocolo se pone en marcha, los operadores del Sistema de Emergencias 9-1-1 pueden monitorear a los usuarios en tiempo real, lo que permite iniciar medidas de protección instantáneas en favor de las víctimas, por ejemplo, cuando se advierte que la persona que tiene la pulsera violó la distancia legal permitida respecto a la víctima
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