Golpe al delito organizado: Desarticulan bandas que operaban entre Salta y Córdoba

Una investigación iniciada en Salta derivó en un amplio operativo interprovincial con más de 70 allanamientos y 17 detenidos. Las bandas delictivas tenían base en Córdoba pero cometían robos y estafas en Salta. Parte de los vehículos sustraídos fueron localizados en Bolivia.

En un operativo conjunto sin precedentes, el Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos (UNICROH), logró desarticular distintas bandas criminales que operaban entre las provincias de Salta y Córdoba.

La investigación, liderada por la fiscal penal Eugenia Guzmán, se inició meses atrás a raíz de robos y estafas cometidos en Salta, incluyendo el atraco a una vivienda en un barrio privado de la capital salteña y el alquiler fraudulento de camionetas de alta gama que luego fueron trasladadas ilegalmente a Bolivia.

Gracias al trabajo coordinado entre la Policía de Salta y su par cordobesa, y con intervención de los juzgados de ambas provincias, se realizaron más de 70 allanamientos y se detuvo a 17 personas, varias de ellas con antecedentes penales por hechos similares. Solo por las causas salteñas, se concretaron 15 allanamientos y 7 detenciones, bajo cargos de robo agravado, asociación ilícita y estafa.

Durante los procedimientos se secuestró una importante cantidad de dinero en efectivo, celulares, equipos tecnológicos utilizados para cometer los delitos, más de un kilo y medio de marihuana, inhibidores de señal y documentación de relevancia. Además, en Córdoba se allanaron celdas del penal de Río Cuarto, donde internos llevaban a cabo estafas telefónicas y por redes sociales dirigidas a víctimas salteñas.

Los operativos fueron supervisados por el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Javier Solá Usandivaras, y su par cordobés, Juan Pablo Quinteros, además de altos jefes policiales de ambas provincias.

La fiscal Eugenia Guzmán confirmó que se gestiona el traslado de los imputados a Salta, donde se les formularán cargos formales.

El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer el trabajo interprovincial y las capacidades investigativas ante formas de criminalidad cada vez más organizadas y sofisticadas, con alcance nacional e internacional.