Así lo manifestó el concejal de la U.C.R. Alberto Salim, al referirse al final de la etapa de cuatro años de la hija del senador Juan Carlos Romero, al frente del municipio salteño. El edil describió las irregularidades detectadas en torno a las costosas obras de remodelación de la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta.
Destacó el concejal Alberto Salim: “La de Bettina Romero, es una gestión que está por terminar, y realmente, lo hace de la peor manera. Creo que se podría haber evitado esta conflictividad. En este momento, no se está discutiendo ni disputando posicionamientos políticos porque ya hay un intendente electo. Lo único que queda es que esta gestión que está finalizando entregue el municipio de la mejor manera posible. Sin embargo, creo que se está llevando a cabo de la peor manera. A un mes de la entrega del mandato, todavía existen conflictos y problemas al evaluar el estado del municipio, principalmente en relación con las obras. Dentro de las obras públicas, se destaca el tema de la Plaza 9 de Julio. Recientemente, tuvimos una reunión con miembros del Tribunal de Cuentas, y tampoco cuentan con toda la documentación necesaria. Tienen información parcial, por lo que no pueden realizar un informe final o una auditoría de la obra”.
Y describió el edil: “Es importante señalar que la obra aún no ha sido entregada a la municipalidad. Falta aproximadamente un 20% de ejecución, a pesar de que ya se ha realizado el pago del 97%. Al indagar sobre este tema, no nos pueden especificar por qué se pagó más de lo que se ejecutó. Según las explicaciones, hay tareas que no se realizaron debido a problemas en la provisión de materiales, y se llevaron a cabo otras tareas. Sin embargo, no pueden explicar por qué algunas partes de la obra no se han realizado, a pesar de que podrían ser más costosas que otras. Aquí hay responsabilidades del municipio, ya que no se llevaron a cabo los controles correspondientes. Certificar el porcentaje de la obra cuando no está completa también es una responsabilidad que recae en el municipio”.
Aseguró también: “Pregunté sobre el tema de los materiales, y me explicaron que este no es el problema. Cuando se inicia una obra y se adjudica, se realiza un anticipo de aproximadamente el 30%, destinado a la adquisición de materiales. No es que se compren los materiales a medida que avanza la obra; lo primero que se hace es adquirir los materiales. Aquí hay responsabilidades que son del municipio porque no se realizaron los controles correspondientes. No puedo entender que se certifique el porcentaje de la obra cuando no está completa; ahí también hay responsabilidad”.
“Además, el Tribunal de Cuentas define esta situación como muy improlija, especialmente por las obras complementarias. Estas obras se subdividieron de tal manera que se realizaron directamente, con adjudicación directa, sin la intervención del Tribunal de Cuentas. Por eso, el Tribunal no cuenta con toda la información necesaria. Sin embargo, están llevando a cabo inspecciones, al igual que la COPAUS (Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico de Salta). La controversia surge porque hay un problema de origen: se aprueba el proyecto, pero luego es observado por la COPAUS, lo que requiere modificaciones en el proyecto ya aprobado y adjudicado. Cuando comienzan las tareas, se encuentran con situaciones no previstas en el proyecto original, como el descubrimiento de que el piso no tenía la malla correspondiente, lo que llevó a cambios en el proyecto. Todo esto se relaciona con irregularidades y una falta de estudio en el proyecto de ejecución. Las cosas se hicieron rápidamente y de manera apresurada”– señaló.
Agregó Alberto Salim: “Teóricamente, la obra estaba programada para comenzar en octubre del año pasado, pero no se llevó a cabo debido a las observaciones de la COPAUS. Se tuvo que reformular el proyecto y comenzar este año, lo que resultó en los inconvenientes actuales. A pesar de las explicaciones proporcionadas por el Tribunal de Cuentas, aún hay aspectos que no cuadran. El Tribunal no puede explicarlo completamente porque carece de toda la información. Esto es un problema y una preocupación en el Concejo Deliberante, ya que la Plaza 9 de Julio es un ícono de la ciudad, apreciado por todos los salteños. El Concejo no puede ignorar este tipo de cuestiones, por lo que desde el principio, ha estado observando y solicitando informes sobre cómo se está llevando a cabo la obra, sobre todo porque la plaza estuvo cerrada y no se podía ver el progreso de los trabajos”.
Finalmente sobre la responsabilidad de la COPAUS señaló: “La COPAUS tiene la responsabilidad de aprobar todos los proyectos que se llevan a cabo en el casco histórico de la ciudad, asegurándose de que la característica colonial no se vea afectada. Incluso, cuando estábamos trabajando en la remodelación del edificio de la Universidad Nacional de Salta en la calle Alvarado (rectorado), tuvimos que solicitar autorización no solo a la municipalidad sino también a la COPAUS. Ellos nos indicaron qué colores estaban permitidos para pintar los frentes de los edificios, controlando todos los aspectos. La observación que realizaron sobre la luminaria también llevó a la necesidad de un proyecto complementario, al igual que el descubrimiento de que todo el cableado estaba destruido al levantar los pisos, lo que implicó cambiar todo el cableado y realizar tareas complementarias. Sin embargo, todas estas acciones podrían haberse incluido en un solo proyecto. Pero, se subdividieron para evitar la intervención y los controles del Tribunal de Cuentas, resultando en contratos separados para la luminaria y la electricidad. Esto generó contratos adicionales por tareas complementarias que no se entendían, ya que se suponía que el proyecto original incluía la luminaria y todos los trabajos eléctricos necesarios. Esta explicación fue proporcionada por el Tribunal de Cuentas, pero aún hay aspectos que no quedan claros en relación con la Plaza 9 de Julio.
Integrantes del Tribunal de Faltas Municipal en el Concejo Deliberante
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