Salta tendrá un protocolo para garantizar la educación universitaria en las cárceles

La provincia de Salta contará por primera vez con un Protocolo para la Educación Superior de las Personas Privadas de Libertad, un instrumento que busca garantizar el acceso a los estudios universitarios dentro de las unidades penitenciarias y fijar reglas claras para compatibilizar ese derecho con la seguridad y el funcionamiento del sistema carcelario.

La medida quedó formalizada tras la homologación judicial del acuerdo alcanzado en el marco del hábeas corpus colectivo y correctivo promovido por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y otros, expediente que tramitó ante el Juzgado de Minas de Salta, a cargo de la jueza María Victoria Mosmann.

La acción había sido impulsada en representación de personas privadas de libertad que cursan carreras universitarias y denunciaba restricciones que afectaban el ejercicio del derecho a la educación durante el cumplimiento de sus condenas.

Durante la tramitación del proceso se realizaron audiencias e inspecciones en distintas unidades carcelarias, en las que participaron internos, representantes del Servicio Penitenciario, del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, de la Fiscalía de Estado, del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y de la Universidad Nacional de Salta.

El acuerdo alcanzado establece un protocolo que regula la organización, el funcionamiento, la supervisión y la evaluación de las actividades universitarias dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales. Su objetivo es garantizar el derecho a la educación superior sin descuidar los principios de seguridad institucional, disciplina y tratamiento penitenciario.

Entre sus principales disposiciones, el documento reconoce a la educación como una herramienta para el desarrollo personal, la capacitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Además, prohíbe expresamente cualquier trato denigrante o impedimento arbitrario que obstaculice el desarrollo de las actividades universitarias y promueve los principios de igualdad, no discriminación y respeto de los derechos humanos.

Uno de los aspectos más novedosos del acuerdo es la creación de una Comisión de Seguimiento Universitario, integrada por representantes de distintos organismos y por dos estudiantes privados de libertad, uno en representación de las unidades penitenciarias de varones y otro de las unidades de mujeres.

El convenio también prevé que el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura realice tareas de monitoreo sobre su cumplimiento y dispone la capacitación del personal penitenciario en derechos humanos, educación en contexto de encierro, prevención de la discriminación y buenas prácticas penitenciarias.

Como parte de las medidas acordadas, además, se colocarán afiches informativos en las unidades penales para difundir entre los estudiantes sus derechos y obligaciones vinculados al acceso a la educación superior.