Avanza el concurso para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura

El Gobierno de Salta dio un nuevo paso en el proceso de conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, al coordinar junto al Comité Nacional las próximas etapas del concurso destinado a seleccionar a quienes integrarán el organismo.

Durante una reunión de trabajo participaron la subsecretaria de Derechos Humanos, Mirta Noemí Mejías; el jefe del Programa de Asesoría Jurídica, David Sosposa; Celeste Córdoba, por la Secretaría de Justicia; y Rodrigo Solá, en representación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

En el encuentro se definieron aspectos organizativos y técnicos vinculados con el desarrollo del proceso concursal, con el objetivo de garantizar una selección transparente, participativa y ajustada a la normativa vigente.

Un organismo clave para controlar los lugares de encierro

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura será el organismo encargado de realizar visitas periódicas a cárceles, comisarías, institutos de menores, hospitales psiquiátricos y cualquier otro lugar donde existan personas privadas de su libertad, con el objetivo de prevenir situaciones de tortura, malos tratos o condiciones de detención incompatibles con los derechos humanos.

Además de supervisar esos espacios, podrá elaborar informes, formular recomendaciones a los distintos organismos del Estado y promover políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de detención y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Cumplimiento de compromisos internacionales

La creación y puesta en funcionamiento del Comité forma parte de las obligaciones asumidas por la Argentina a partir de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, su Protocolo Facultativo (OPCAT) y la Ley Nacional N.º 26.827, que establecen la conformación de mecanismos locales de prevención en todo el país.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la integración del organismo representa un paso importante para fortalecer las políticas públicas de protección de los derechos humanos y consolidar un sistema de control independiente sobre los lugares de privación de libertad.