El Gobierno quiere achicar Comodoro Py y reforzar la Justicia en las fronteras

El Gobierno prepara una amplia reorganización de la Justicia federal con una premisa: reducir estructuras que considera sobredimensionadas y destinar esos recursos a los juzgados de primera instancia ubicados en zonas de frontera, donde existe una fuerte carga de causas vinculadas con narcotráfico, contrabando y delitos transnacionales.

La intención de la Casa Rosada es enviar el proyecto al Congreso en septiembre, aunque todavía se trabaja en los detalles y no está definido qué tribunales quedarán alcanzados por la reforma.

El cambio no implicaría, en principio, una ampliación general de la estructura judicial. La propuesta apunta a redistribuir cargos y recursos existentes.

Tartagal, entre los ejemplos de la crisis en las fronteras

Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para impulsar la reforma es la situación de los juzgados federales del interior.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso como ejemplo el caso de Tartagal, en Salta, cuyo Juzgado Federal debe ser actualmente subrogado por una jueza federal de La Pampa.

Mahiques calificó como “catastrófico” el nivel de vacantes existente en la Justicia federal del interior y puso especial atención en las jurisdicciones fronterizas atravesadas por el narcotráfico.

La evaluación oficial es que existen zonas con una elevada complejidad criminal que funcionan con estructuras insuficientes, mientras otros sectores de la Justicia federal cuentan con cargos que podrían ser reorganizados.

Comodoro Py podría pasar de 12 a ocho juzgados

La contracara del fortalecimiento de las fronteras sería un achicamiento de algunas estructuras judiciales.

Uno de los cambios más importantes bajo análisis afecta directamente a Comodoro Py. El Gobierno estudia reducir de 12 a ocho los juzgados federales de primera instancia que funcionan actualmente en ese ámbito.

También analiza modificar la integración de la Cámara Federal de Casación Penal, que podría pasar de los actuales 13 jueces a nueve.

Como ambas estructuras están determinadas por ley, las modificaciones deberán necesariamente ser discutidas y aprobadas por el Congreso.

La revisión podría alcanzar además cargos vacantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Casación Nacional y la Cámara del Crimen, entre otras dependencias.

La estrategia oficial sería evitar cubrir automáticamente determinadas vacantes si esos cargos pueden luego ser reasignados hacia jurisdicciones consideradas prioritarias.

Más recursos donde golpea el narcotráfico

El eje de la iniciativa estará puesto en fortalecer los juzgados federales de primera instancia de las fronteras.

Allí se concentran investigaciones por narcotráfico, contrabando y distintas modalidades de crimen organizado que, según el diagnóstico del Ejecutivo, requieren una mayor capacidad operativa.

Todavía no se conoce cuántos nuevos juzgados podrían crearse o reforzarse ni qué cargos serían trasladados. Tampoco está determinado cuáles serán las cámaras federales del interior que podrían reducir su integración.

Ese será uno de los puntos centrales del proyecto que el Ejecutivo pretende presentar en septiembre.

La reforma se cruza con el sistema acusatorio

La reorganización judicial se desarrollará además mientras avanza la implementación del sistema acusatorio federal, que modifica sustancialmente el funcionamiento de la Justicia penal al otorgar a los fiscales la conducción de las investigaciones.

El nuevo modelo ya funciona en nueve distritos federales y continuará extendiéndose progresivamente a otras jurisdicciones.

En ese contexto, la Casa Rosada busca adaptar la estructura de tribunales a una nueva distribución de funciones entre jueces y fiscales.

La Corte y la Procuración deberán esperar

Mientras acelera la cobertura y reorganización de los tribunales inferiores, el Gobierno dejó fuera de sus prioridades inmediatas las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

Aunque Javier Milei reconoció que analiza nombres para cubrir los dos lugares disponibles, la Casa Rosada no prevé impulsar nuevas postulaciones en esta etapa.

Algo similar ocurre con la Procuración General de la Nación, actualmente encabezada de manera interina por Eduardo Casal.

La prioridad oficial estará primero en los juzgados de primera instancia, las cámaras, los juzgados electorales y la redistribución de la estructura federal.

El Gobierno asegura haber enviado ya 203 pliegos judiciales al Senado y pretende avanzar con esas designaciones antes de abrir negociaciones que requieren consensos políticos mucho más amplios.

Si el proyecto finalmente llega al Congreso en septiembre, la discusión tendrá un impacto particular para provincias fronterizas como Salta: el Gobierno plantea quitar recursos de estructuras judiciales que considera sobredimensionadas para llevarlos hacia los lugares donde el narcotráfico y el crimen organizado ejercen mayor presión sobre la Justicia federal.