Impugnan ante la Cámara Electoral la interna de LLA en Salta

La discusión ya no es solamente quién conduce La Libertad Avanza en Salta. Eso, al menos por ahora, está definido: Alfredo Olmedo quedó al frente del Consejo Provincial y Emilia Orozco preside el Congreso Provincial.

La discusión es otra, y probablemente más incómoda para un espacio que hizo de la impugnación de las prácticas de la política tradicional una parte central de su discurso: cómo fueron elegidas esas autoridades y qué posibilidades reales tuvieron los afiliados de participar del proceso interno.

El conflicto salió definitivamente de las paredes partidarias y llegó a la Cámara Nacional Electoral, donde se presentó una queja para que sea revisado el procedimiento.

No existe hasta ahora una resolución de la Cámara que determine que la elección haya sido irregular. Tampoco corresponde convertir las acusaciones de los impugnantes en hechos probados. Pero los cuestionamientos ponen bajo discusión aspectos elementales de cualquier elección interna: cuándo se informó, quiénes pudieron participar, qué ocurrió con el padrón y bajo qué condiciones se organizó una eventual votación.

Y ahí está el verdadero problema político.

Una elección que terminó sin elección

El cronograma partidario contemplaba una votación para el 1 de octubre. Sin embargo, esa instancia nunca llegó a concretarse: se presentó una única lista y las nuevas autoridades fueron proclamadas anticipadamente.

La nómina dejó a Olmedo como presidente del Consejo Provincial y a Orozco al frente del Congreso Provincial.

Que exista una sola lista no constituye por sí mismo una irregularidad. El cuestionamiento apunta al camino previo que desembocó en esa lista única.

El abogado Oscar “Pino” Rocha Alfaro, representante del afiliado Kevin Ferreyra, sostiene que el proceso tuvo problemas de publicidad y plazos que habrían limitado las posibilidades de participación.

Uno de los puntos que plantea es especialmente concreto: según la documentación partidaria citada en la presentación, el cronograma comenzó el 8 de julio, mientras que su publicación en el Boletín Oficial se produjo el 16 de julio, cuando algunos de los plazos ya estaban corriendo.

La discusión parece formal, pero no lo es.

En una elección interna, unos días pueden definir la posibilidad de revisar un padrón, formular observaciones, reunir requisitos o intentar presentar una lista. Los plazos electorales no son simplemente fechas en un calendario: ordenan quién puede competir y hasta cuándo puede hacerlo.

Por eso la pregunta que ahora deberá atravesar la discusión judicial es sencilla de formular y bastante más compleja de responder: ¿los afiliados tuvieron conocimiento y tiempo suficiente para ejercer efectivamente sus derechos dentro del partido?

El padrón, otra pieza de la disputa

La impugnación también apunta al padrón.

Rocha Alfaro sostiene que cuando algunos afiliados tomaron conocimiento del proceso ya habían transcurrido etapas destinadas a verificar inclusiones y efectuar observaciones antes de la conformación definitiva.

El abogado resumió su argumento con una imagen jurídica: el sistema electoral funciona mediante “exclusas”. Una etapa se cierra y comienza la siguiente. Si alguien se entera tarde, difícilmente pueda regresar a aquello que ya quedó clausurado.

Ese planteo todavía debe superar el examen judicial correspondiente. Pero vuelve a colocar la discusión en el mismo lugar: no basta con que un procedimiento electoral exista formalmente; la controversia es si hubo condiciones efectivas para participar de él.

Una mesa para toda Salta

Hay otro cuestionamiento que excede los papeles y entra directamente en la geografía.

La convocatoria contemplaba una única mesa para los afiliados de toda la provincia. Ese esquema también fue objetado por considerar que podía dificultar la participación de quienes viven en el interior. La existencia de una única mesa forma parte de los aspectos cuestionados judicialmente.

Finalmente no hubo votación porque solamente quedó oficializada una lista.

Pero el punto conserva relevancia: permite discutir qué estructura partidaria está construyendo LLA en una provincia extensa y hasta qué punto sus afiliados del interior tienen las mismas posibilidades de intervenir que aquellos radicados cerca de la conducción.

“Fue una farsa electoral”

Rocha Alfaro eligió una expresión política fuerte para describir todo el proceso: “Fue una farsa electoral”.

Es su caracterización, no una conclusión judicial.

De hecho, la Junta Electoral partidaria rechazó los cuestionamientos y las nuevas autoridades obtuvieron reconocimiento judicial. Precisamente por eso el expediente escaló: la parte impugnante pretende ahora que la Cámara Nacional Electoral revise lo ocurrido.

La diferencia es sustancial.

Hoy Olmedo y Orozco son las autoridades reconocidas. Lo que está en discusión es el procedimiento mediante el cual llegaron a conducir los principales órganos partidarios de LLA en Salta.

La paradoja libertaria

El expediente tiene una dimensión que excede a Ferreyra, Rocha Alfaro, Olmedo u Orozco.

La Libertad Avanza dejó hace tiempo de ser únicamente el vehículo electoral construido alrededor de Javier Milei. En Salta compitió en las elecciones nacionales de 2025 como partido reconocido y presentó candidatos propios. La documentación electoral nacional registra a LLA entre las agrupaciones del distrito Salta.

Ese crecimiento obliga al espacio a atravesar una etapa menos épica y bastante más terrenal: construir institucionalidad partidaria.

Armar padrones. Convocar elecciones. Fijar plazos. Garantizar mecanismos de participación. Resolver impugnaciones. Definir quién conduce y, sobre todo, mediante qué reglas.

Es allí donde aparece la contradicción política que vuelve relevante este expediente.

Un espacio que llegó al poder nacional denunciando privilegios, estructuras cerradas y prácticas de la denominada “casta” enfrenta en Salta cuestionamientos internos sobre publicidad, participación y apertura de su propia vida partidaria.

Eso no demuestra que las acusaciones sean ciertas. Será la Justicia electoral la que deberá resolver los planteos que tenga efectivamente habilitados para revisar.

Pero sí expone algo que ya no depende de una sentencia: LLA tendrá que explicar cómo organiza puertas adentro la democracia partidaria que la ley exige a todos los partidos.

La Cámara Nacional Electoral tendrá ahora la palabra sobre el planteo judicial.

Para La Libertad Avanza, sin embargo, el problema no termina necesariamente en un expediente. Porque aun cuando una elección interna cumpla formalmente con las reglas, queda una pregunta política más difícil de despejar:

¿Alcanza con que una elección sea legal si una parte de los propios afiliados sostiene que ni siquiera tuvo una oportunidad real de participar?