Estrada seguirá investigado en dos causas y en dos jurisdicciones

La causa por la denominada “usina de fake news” atribuida al entorno del exdiputado nacional Emiliano Estrada quedó definitivamente partida en dos. No porque la Corte Suprema haya resuelto sobre su responsabilidad, sino porque la discusión acerca de qué tribunales debían investigar los hechos ya había sido saldada cuando el expediente llegó al máximo tribunal.

Así, una investigación continuará en la Justicia provincial de Salta, vinculada con la difusión de contenidos falsos y difamatorios contra dirigentes, empresarios y periodistas, mientras que el presunto peculado de servicios seguirá en el Juzgado Federal N.º 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello.

La discusión que terminó en Buenos Aires

El punto más particular del expediente es precisamente ese desdoblamiento.

La investigación federal apunta a determinar si Estrada habría utilizado dos asesores legislativos, cuyos salarios eran pagados por el Congreso, para desarrollar tareas vinculadas con la producción y difusión de contenidos políticos en redes sociales. Estrada fue imputado en 2025 por peculado y abuso de autoridad; las acusaciones permanecen sujetas al proceso judicial y no implican una condena.

Inicialmente esa investigación se desarrolló en Salta. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello reclamó la competencia y la Cámara Federal porteña terminó resolviendo que el expediente debía continuar en Buenos Aires. Entre los fundamentos considerados estuvieron el origen federal de los recursos y la hipótesis de que parte de la estructura habría funcionado desde dependencias vinculadas al entonces legislador en el Congreso.

Ahí queda una particularidad difícil de ignorar: los contenidos investigados tuvieron como escenario político principal a Salta y parte de las personas involucradas desarrollaban aquí sus actividades, pero el eventual uso irregular de recursos nacionales será investigado a más de 1.400 kilómetros, en Comodoro Py.

La Justicia ya resolvió dónde corresponde tramitar esa parte del expediente. Lo que todavía deberá resolver es bastante más importante: si efectivamente se utilizaron empleados y recursos pagados por el Estado para montar una estructura destinada a intervenir clandestinamente en la discusión política a través de cuentas anónimas.

Dos expedientes, una misma historia

La Corte Suprema no unificó las investigaciones ni decidió si Estrada cometió los delitos que se le atribuyen. Declaró abstracto el conflicto de competencia y dejó firme el escenario procesal que ya se había configurado.

El resultado es singular: una misma trama será examinada desde dos jurisdicciones y bajo responsabilidades diferentes.

En Salta se investigará la campaña desplegada en redes. En Buenos Aires, el interrogante será si detrás de esa maquinaria política hubo además recursos públicos nacionales puestos al servicio de una operación partidaria.

Ese es, finalmente, el aspecto más grave que queda por esclarecer. Porque una cosa es la pelea política —incluso la más áspera— y otra muy distinta es determinar si el Estado terminó pagando la estructura utilizada para librarla.