La reciente creación de la Caja Interprofesional de Seguridad Social en Salta para nutricionistas y trabajadores sociales ha generado más dudas que certezas entre los profesionales. La falta de información clara sobre su funcionamiento y la obligatoriedad de aportes que muchos consideran excesivos han encendido la alarma en el sector.
«No hemos tenido respuesta ni de los documentos, ni de las instituciones, ni de las personas que conforman la Caja», denuncia Laura Allende, licenciada en Nutrición y una de las profesionales autoconvocadas que exigen mayor transparencia. Según relata, junto a un grupo de colegas han presentado reiteradas notas para obtener información, sin éxito. «Tampoco hemos tenido una respuesta formal por parte de los representantes de nuestro propio colegio».
El problema radica no solo en la ausencia de información, sino también en la carga económica que implicará esta nueva estructura. Según datos no oficiales que circulan en redes sociales, las categorías establecen montos que podrían resultar inalcanzables para muchos profesionales. «En mi caso, debería abonar un ingreso inicial de aproximadamente 33 mil pesos, un aporte mensual de entre 71 y 72 mil pesos, y aportes complementarios en junio y diciembre equivalentes al 50% del pago mensual», detalla Allende.
El impacto de estos montos es significativo para un sector que ya enfrenta dificultades económicas. «El grupo de profesionales que estamos dialogando entendemos que los montos son extremadamente altos para la realidad que atravesamos a nivel nacional, pero particularmente para la condición del nutricionista», advierte.
A esta incertidumbre se suma la falta de claridad sobre quién y cómo se determinaron estos valores. La ley que creó la Caja establece que el módulo previsional -base para el cálculo de los aportes- no puede ser inferior al 1.2% del salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, también menciona que debe tomarse en cuenta el sueldo de empleados públicos provinciales del sector, lo que deja margen para interpretaciones.
Pero el problema no se reduce solo a los montos. La falta de canales formales de comunicación ha generado aún más inquietud. «Algunos colegas recibieron un mail el sábado a la noche, informando que el lunes ya se atendería al público en el edificio del Colegio de Notarios», cuenta Allende. «Antes, en febrero, nos habían avisado por correo que la apertura de la Caja era inminente y que siguiéramos su cuenta de Instagram para más información». Esta forma de comunicación, basada en redes sociales y anuncios esporádicos, ha sido fuertemente cuestionada. «Deben informarnos por vías oficiales y correctas cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones frente a esta Caja».
Otro punto crítico es la situación de los profesionales independientes, que deben afrontar múltiples cargas impositivas. «La mayoría aportamos como monotributistas, pagando el ítem de impuesto, el de aportes jubilatorios y el de obra social. Ahora, además, debemos aportar a la Caja», explica Allende. Para quienes combinan actividad privada y pública, la situación es aún más compleja, ya que se les retienen aportes en su empleo estatal y además deben cumplir con los pagos de la Caja.
En este escenario, la incertidumbre crece. «El apremio que tenemos es saber cómo hacer frente a estas obligaciones sin generar intereses», advierte Allende. La ley establece que, en caso de mora, pueden aplicarse sanciones que incluso contemplan la suspensión de la matrícula profesional, lo que impediría trabajar.
Mientras tanto, desde el Colegio de Graduados en Nutrición, encabezado por la licenciada Mirta Machuca, no ha habido respuestas claras. Se sabe que hubo una reunión del consejo directivo con las autoridades de la Caja, y que en redes sociales circuló un mensaje en el que aseguran que pronto se brindará más información. «No sé si eso se comunicó formalmente por mail o si solo es un flyer en redes», apunta Allende.
La situación deja a muchos profesionales en una encrucijada. Cumplir con los pagos de la Caja, sin saber a ciencia cierta cómo se establecieron ni cómo funcionará, o exponerse a sanciones que pueden poner en riesgo su ejercicio profesional. «Tengo que elegir entre pagar la Caja o la psicopedagoga de mi hijo», sentencia Allende.
Con un esquema financiero que parece diseñado sin contemplar la realidad del sector y una comunicación que brilla por su ausencia, la Caja Interprofesional en Salta arranca con un manto de dudas y preocupación que exige respuestas urgentes.
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