Proponen controles semestrales en hogares de niños de Salta

Un proyecto presentado en el Senado provincial busca establecer condiciones obligatorias de seguridad, atención y cuidado en las instituciones que alojan a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. La iniciativa exige más personal, auditorías cada seis meses y medidas para preservar los vínculos familiares.

Los hogares que alojan a niñas, niños y adolescentes separados de sus familias por medidas de protección podrían quedar sujetos a nuevas exigencias de funcionamiento y controles periódicos en Salta, si prospera un proyecto de ley presentado en el Senado provincial.

La iniciativa fue impulsada por el senador Enrique Cornejo, con el acompañamiento de sus pares Manuel Pailler y Daniel Moreno Ovalle, y propone establecer estándares mínimos obligatorios para los establecimientos públicos y privados que funcionan mediante convenios con el Estado.

El proyecto, identificado con el expediente N.º 90-34.712/2026, fue girado a la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional para su análisis.

La propuesta busca regular aspectos concretos de la vida cotidiana en estas instituciones: desde la cantidad de cuidadores disponibles hasta las condiciones edilicias, la atención profesional y el contacto de los chicos con sus familias.

Cuántos cuidadores debería tener cada hogar

Uno de los cambios más importantes está relacionado con la cantidad de personal encargado del cuidado de los residentes.

El proyecto establece que los hogares deberán contar con operadores convivenciales durante las 24 horas, con una proporción mínima de:

• Un cuidador por cada dos niños de hasta cinco años.

• Un cuidador por cada cuatro residentes de entre seis y 17 años.

Durante el horario nocturno, la dotación podrá reducirse a un mínimo de dos operadores activos por establecimiento, con personal calificado de guardia, salvo que la autoridad de aplicación disponga otra cosa mediante una decisión fundada.

La iniciativa también contempla acompañamiento profesional para atender las necesidades de los residentes.

En el caso de los hogares privados sin fines de lucro, el Estado provincial deberá garantizar los recursos necesarios para contratar y sostener a los profesionales requeridos.

Auditorías obligatorias cada seis meses

Otro de los puntos centrales es la incorporación de controles periódicos sobre las condiciones en las que viven los chicos.

La autoridad de aplicación, que deberá ser determinada por el Poder Ejecutivo, tendrá que realizar auditorías vinculantes al menos una vez cada seis meses.

Las inspecciones abarcarán aspectos sanitarios, nutricionales, edilicios y psicopedagógicos.

Ante incumplimientos, el proyecto prevé sanciones graduales que podrían incluir advertencias, suspensión o cancelación de la inscripción en el registro de organizaciones y rescisión de convenios con el Estado.

Más exigencias de seguridad

La propuesta también establece obligaciones específicas para prevenir accidentes y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

Los establecimientos deberán contar con certificaciones anuales de sus instalaciones de gas y electricidad, detectores de humo y monóxido de carbono, matafuegos vigentes, luces de emergencia y salidas correctamente señalizadas.

Además, tendrán que disponer de planes de evacuación validados por Defensa Civil o Bomberos.

El proyecto incorpora un sistema de videovigilancia permanente, aunque establece que su funcionamiento deberá respetar la intimidad de los niños y adolescentes alojados.

Hermanos juntos y contacto con sus familias

La iniciativa también aborda una cuestión sensible: la preservación de los vínculos familiares durante el tiempo que los chicos permanecen bajo cuidado institucional.

El texto dispone que los grupos de hermanos deberán permanecer alojados juntos, salvo que exista una restricción judicial fundada en su interés superior.

Asimismo, los hogares tendrán que garantizar las visitas y comunicaciones con familiares siempre que no exista una prohibición judicial.

El proyecto parte del criterio de que la institucionalización debe utilizarse como último recurso, cuando no sea posible el cuidado en un entorno familiar, y mantenerse durante el menor tiempo necesario.

En esa línea, establece que dentro de las 72 horas posteriores a la adopción de una medida excepcional de protección deberá elaborarse una estrategia individual para restituir los derechos del niño o adolescente.

Ese plan tendrá que comunicarse al juzgado interviniente, a la Asesoría de Incapaces y al establecimiento donde se encuentre alojado.

Las alternativas contempladas incluyen la revinculación familiar, la guarda, la adopción o, cuando corresponda, un proceso de egreso autónomo asistido.

Quién financiaría los cambios

El proyecto establece que las nuevas exigencias deberán financiarse con recursos del Tesoro provincial.

Para los hogares privados que mantienen convenios con el Estado, prevé aportes mensuales regulares, actualizables y suficientes para sostener su funcionamiento y cumplir con los estándares exigidos.

También dispone que el Poder Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias necesarias e incorpore las partidas correspondientes en los ejercicios siguientes.

La iniciativa deberá avanzar en su tratamiento legislativo antes de convertirse en ley. De aprobarse, establecería obligaciones comunes para los hogares públicos y privados que alojan a niños y adolescentes bajo medidas excepcionales de protección en Salta.