Salta pedirá a Nación revisar las restricciones al comercio fronterizo

Una nueva disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abrió un conflicto en la frontera entre Salta y Bolivia. Las restricciones a la cantidad de mercadería que puede comercializarse bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo generaron preocupación entre comerciantes, autoridades provinciales y municipios cuya actividad económica depende, en parte, de compradores del país vecino.

La Resolución 5910/2026, vigente desde el 10 de octubre, establece límites para el traslado de determinados productos de primera necesidad. Entre ellos figura la harina, cuya cantidad permitida bajo este régimen no puede superar los diez kilogramos.

El problema, plantean los comerciantes, es que la disposición también afecta operaciones de venta de productos argentinos de origen legal, que forman parte de la actividad económica habitual de las localidades fronterizas.

Ante esta situación, el Gobierno de Salta trabaja en una presentación ante Nación para solicitar la revisión de la normativa.

La Provincia cuestiona una medida que afecta las ventas

El secretario de Comercio e Industria de Salta, Rodrigo Monzo, participó de una reunión con representantes de cámaras comerciales de distintos puntos de la provincia y con Fabián Hryniewicz, presidente de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Durante el encuentro, realizado en la Cámara de Comercio de Salta, Monzo cuestionó que la disposición nacional no contemple las particularidades económicas de las localidades limítrofes.

“Se decide detrás de un escritorio sin entender la lógica de frontera”, expresó.

El funcionario confirmó que la Provincia analiza presentar un recurso de reconsideración para que ARCA revise las restricciones.

“Estamos a tiempo de corregirlo”, sostuvo.

Monzo advirtió, además, que la normativa podría afectar el funcionamiento de puestos de control dispuestos por la Provincia en zonas fronterizas. Según señaló, con las nuevas limitaciones esos dispositivos podrían terminar funcionando al diez por ciento de su capacidad.

La diferencia entre contrabando y comercio legal

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la necesidad de distinguir el contrabando de la comercialización legal de productos argentinos hacia compradores bolivianos.

Hryniewicz planteó que se trata de situaciones diferentes y que no deberían recibir el mismo tratamiento.

Por un lado, señaló que el contrabando constituye un delito que debe ser investigado y sancionado. Por otro, advirtió que existen comerciantes argentinos que venden mercadería de procedencia conocida, con trazabilidad y dentro de circuitos formales.

La preocupación es que las restricciones terminen perjudicando a estos últimos sin resolver los problemas asociados al ingreso ilegal de productos.

El representante de CAME también propuso revisar aspectos del Código Aduanero, simplificar controles y avanzar hacia una regulación impositiva que contemple las variaciones cambiarias que modifican permanentemente los movimientos comerciales en las fronteras.

En ese sentido, destacó la necesidad de incorporar herramientas digitales que faciliten las operaciones legales y permitan mejorar la identificación del origen de las mercaderías.

Aguas Blancas y Salvador Mazza evalúan un amparo

La preocupación no se limita a las cámaras empresariales.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, analizan presentar una acción de amparo contra las restricciones.

Ambas localidades mantienen una relación comercial cotidiana con Bolivia y podrían verse directamente afectadas por la disminución de las ventas a compradores del otro lado de la frontera.

Los comerciantes advierten que una parte importante de la actividad económica local depende de ese intercambio y que limitar las cantidades permitidas puede reducir ingresos y afectar puestos de trabajo.

Por ahora, la presentación judicial se encuentra en evaluación, mientras la Provincia prepara su reclamo administrativo ante Nación.

CAME propone una ley para el comercio fronterizo

Durante el encuentro, Hryniewicz presentó iniciativas que impulsa CAME para abordar los problemas del intercambio comercial en las zonas limítrofes.

Entre ellas figura un proyecto de ley de comercio vecinal fronterizo y modificaciones de determinados artículos del Código Aduanero.

El objetivo es establecer mecanismos que permitan comercializar legalmente productos argentinos en países vecinos, sin debilitar los controles destinados a combatir el contrabando.

“Esto no se resuelve a garrotazos, sino con medidas económicas”, afirmó Hryniewicz.

El dirigente también planteó la necesidad de promover la radicación de empresas productivas en las zonas de frontera, donde la fragilidad del mercado laboral agrava las consecuencias de las restricciones comerciales.

El contrabando también llegó a la Fiscalía Federal

Antes de la reunión con los comerciantes, Hryniewicz y el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, mantuvieron un encuentro con el fiscal federal Ricardo Toranzos.

Allí expusieron su preocupación por la permeabilidad de la frontera con Bolivia y por el impacto que tiene el contrabando sobre los establecimientos comerciales que operan legalmente.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con el ingreso ilegal de cigarrillos provenientes de Paraguay, que luego se comercializan en el mercado argentino.

Fuentes judiciales señalaron que se prevé formalizar una investigación sobre esa actividad.

La discusión que se abre ahora tiene dos dimensiones: reforzar los controles contra el comercio ilegal y, al mismo tiempo, evitar que las restricciones terminen perjudicando a los comerciantes argentinos que venden productos de manera formal.

La respuesta de Nación al pedido de revisión será determinante para conocer si la normativa se mantiene o si se introducen cambios que contemplen la actividad económica de las localidades fronterizas de Salta.