Robo de rieles: Revocaron la absolución de Atta Gerala

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución del exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Miguel Gerala, y lo declaró responsable de participar en una organización dedicada al robo y contrabando de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril General Belgrano.

La decisión modificó la sentencia que había dictado en abril de este año el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, que lo había absuelto por el beneficio de la duda.

Por mayoría, los jueces de la Sala IV de Casación concluyeron que Gerala realizó un aporte necesario para el funcionamiento de la organización y dispusieron que el expediente regrese al tribunal de origen para que se determine la pena correspondiente.

El fallo todavía no establece cuántos años de prisión deberá cumplir el exjefe comunal.

Cómo funcionaba la organización

La investigación comenzó en agosto de 2023, a partir de una denuncia vinculada con el hallazgo de neumáticos extranjeros sin documentación aduanera en la Ruta Nacional 50.

Las pesquisas condujeron hasta un galpón ubicado en Orán, administrado por el comerciante David Edilberto Medina. Posteriormente, las intervenciones telefónicas permitieron descubrir una actividad de mayor alcance: la extracción sistemática de rieles ferroviarios para trasladarlos ilegalmente hacia Bolivia.

El material era retirado del ramal C-25, cargado en camiones y transportado hasta la frontera, donde cruzaba el río en balsas de goma por pasos clandestinos.

Según la investigación, el desmantelamiento de las vías se extendió durante aproximadamente ocho meses y se realizaba a plena luz del día.

Por qué Casación responsabilizó al exintendente

Durante el juicio, los magistrados Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano habían considerado que no existían pruebas suficientes para demostrar la participación de Gerala.

Entre los argumentos de la absolución figuraban que las herramientas secuestradas en su taller no coincidían plenamente con las utilizadas para cortar las vías y que su camioneta Toyota Hilux era empleada habitualmente por su hijo, sin que se hubiera acreditado que el exintendente conociera su utilización en las maniobras investigadas.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal recurrió esa decisión.

El fiscal general Raúl Pleé y los representantes de la fiscalía de Salta cuestionaron que las pruebas hubieran sido analizadas de manera aislada, sin considerar su relación con el conjunto de los hechos.

Los jueces Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo hicieron lugar al planteo y concluyeron que el exintendente había brindado una cobertura política, logística y territorial necesaria para que la organización pudiera operar.

En particular, tuvieron en cuenta que Gerala había gobernado Morillo durante casi tres décadas, que trabajadores de comunidades originarias eran trasladados en un vehículo de su propiedad y que, durante un allanamiento en su vivienda, donde también funcionaban dependencias municipales, se encontraron 15 rieles de origen ilegal y herramientas compatibles con el corte de metales.

Para la mayoría del tribunal, su responsabilidad no dependía de que estuviera presente personalmente en el lugar donde se retiraban las vías.

El tercer integrante de la Sala IV, Alejandro Slokar, votó en disidencia y consideró que debía mantenerse la absolución.

Los delitos por los que fue condenado

Casación declaró a Atta Miguel Gerala partícipe necesario del delito de contrabando de mercadería, agravado por la intervención de varias personas, su condición de funcionario público y el valor de los bienes involucrados.

El material sustraído fue valuado en más de 558 millones de pesos.

También lo responsabilizó por robo agravado cometido en despoblado y en banda, en concurso real con el contrabando.

La causa regresará al Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, que deberá fijar la pena conforme a lo resuelto por Casación.

Su hijo ya recibió una condena de seis años

En el mismo expediente, otros integrantes de la organización habían recibido condenas mediante acuerdos de juicio abreviado.

José Miguel “Yopi” Gerala, hijo del exintendente, fue condenado a seis años de prisión por contrabando agravado, robo en despoblado y en banda y cohecho activo.

El comerciante David Edilberto Medina recibió una pena idéntica por los mismos delitos.

Por su parte, el cabo de Gendarmería Nacional Jorge Fernando Cabrera fue condenado a dos años de prisión condicional por cohecho pasivo, al establecerse que facilitaba el traslado de cargamentos a cambio de dinero.

Confirmaron la condena a un policía salteño

La Cámara Federal de Casación Penal también rechazó el recurso presentado por la defensa del oficial de la Policía de Salta Mauro Rodríguez y confirmó su condena a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Rodríguez había sido condenado por cohecho pasivo.

Entre las pruebas analizadas figuraron mensajes encontrados en el teléfono de “Yopi” Gerala, correspondientes al 7 de mayo de 2024.

En esas conversaciones, el policía, que se identificaba como jefe del puesto de Pluma de Pato, negociaba pagos de entre $200.000 y $300.000 por cada camión que pudiera circular sin ser inspeccionado.

Los registros del Libro de Guardia del destacamento corroboraron que, durante el horario de esos intercambios, Rodríguez había iniciado un operativo y se encontraba sobre la Ruta Nacional 81.

Casación consideró que el delito de cohecho se configuró con el acuerdo para recibir dinero a cambio de favorecer el paso de los vehículos, sin necesidad de acreditar una transferencia bancaria o el tránsito efectivo de un camión determinado.

Con la nueva resolución, el caso del robo de rieles del Belgrano Cargas suma una decisión judicial contra el exintendente de Morillo, cuya absolución quedó revocada. Resta que el tribunal salteño establezca la pena correspondiente, sin perjuicio de los recursos que pudieran interponerse.