Agresiones agravan la falta de médicos en Tartagal
Tras las reiteradas agresiones en hospitales, profesionales se niegan a trabajar en Tartagal y un médico pidió su traslado después de ser atacado durante una guardia. Mangione advirtió que la escalada de violencia agrava la dificultad para cubrir puestos en el interior.
La sucesión de ataques contra trabajadores de la salud comenzó a tener una consecuencia que va más allá de cada episodio de violencia: médicos que ya no quieren prestar servicios en el norte provincial y hospitales obligados a reforzar sus medidas de seguridad para proteger al personal.
El caso más grave ocurrió en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde un médico fue atacado mientras cumplía una guardia y posteriormente un familiar del agresor ingresó presuntamente armado al establecimiento. El profesional, Gustavo Alcázar, aseguró que no volverá a trabajar en ese hospital y solicitó formalmente su traslado a Orán.
«Mi vida no tiene un precio», afirmó Alcázar, quien relató que durante el ataque temió en tres oportunidades por su vida: cuando fue derribado y recibió una patada dirigida al rostro, cuando amenazaron con arrojarle una piedra de gran tamaño en la cabeza y cuando un hombre ingresó armado al hospital buscando al personal sanitario.
El episodio tuvo consecuencias inmediatas. La guardia permaneció durante aproximadamente tres horas sin atención y, según reveló el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, otros profesionales también comenzaron a manifestar su negativa a trabajar en Tartagal.
«Durante todo el fin de semana recibí llamados de médicos y médicas que ya no quieren ir a trabajar a Tartagal. Algunos lloraban porque no quieren exponerse ni exponer a sus familias», afirmó el ministro.
Mangione advirtió que conseguir profesionales para el norte provincial ya representa una dificultad y que la reiteración de hechos violentos profundiza el problema. «Si sienten que nadie los protege, es lógico que no quieran ir», sostuvo.
Otra agresión en el mismo hospital
La preocupación se profundizó con un nuevo episodio en el Hospital Perón. Esta vez, la jefa del sector de Farmacia, Silvina Montenegro, denunció haber sido atacada por una paciente cuando intentaba explicarle los requisitos necesarios para acceder a la entrega de medicamentos.
Según relató, la mujer la tomó del brazo a través de una reja, la golpeó y le provocó una lesión en una mano. El hecho ocurrió apenas días después del ataque al médico de guardia y volvió a encender la alarma entre los trabajadores.
«Uno trata de ayudar, de atender lo mejor posible y de que los pacientes no se queden sin su medicación. Pero a veces no saben esperar, no respetan y no quieren cumplir con los requisitos», expresó Montenegro.
El gerente del hospital, Pedro Ureña, reconoció que los hechos de violencia no son aislados y confirmó que otras médicas también fueron amenazadas y agredidas recientemente.
Ante este escenario, el establecimiento analiza restringir el acceso a determinados sectores y trabajar con puertas cerradas y mayores controles de ingreso. Aunque estas medidas podrían generar demoras en la atención, desde la conducción del hospital sostienen que la prioridad es garantizar la seguridad del personal.
Del San Bernardo a Tartagal
La escalada de violencia no se limita al norte provincial. En el Hospital San Bernardo, más de veinte personas protagonizaron una batalla campal frente al acceso a la guardia utilizando machetes, palos y piedras. La intervención policial impidió que el enfrentamiento ingresara al edificio, donde decenas de pacientes aguardaban atención.
Los episodios se produjeron, además, en un contexto de fuerte presión sobre las guardias hospitalarias. Durante cinco días, los hospitales de la capital atendieron más de 4.200 consultas. Solo el San Bernardo recibió cerca de 1.300 pacientes y el Materno Infantil superó las 1.800 atenciones entre adultos y niños.
Mangione reconoció que existen reclamos legítimos por demoras o deficiencias en la atención y recordó que durante su gestión se aplicaron alrededor de 60 sanciones administrativas y fueron despedidos cerca de siete médicos por incumplimientos graves. Sin embargo, remarcó que ninguna irregularidad puede justificar una agresión.
«Si hubo una irregularidad, la vamos a investigar y actuaremos como corresponde. La violencia nunca puede ser la respuesta», afirmó.
La preocupación ahora excede la seguridad dentro de los hospitales. En una provincia que enfrenta históricas dificultades para radicar profesionales en determinadas localidades del interior, cada ataque puede convertirse en un nuevo obstáculo para sostener las guardias y garantizar la atención médica.
Lo ocurrido en Tartagal dejó la consecuencia más concreta: un profesional que no volverá a esa guardia, otros médicos que ya expresan temor de trabajar en el norte y un hospital que evalúa cerrar sus puertas y controlar los accesos para poder seguir atendiendo.
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