Apuestas: El Estado prohíbe, regula y también recauda

La Cámara de Diputados de Salta aprobó por unanimidad un proyecto que busca sacar la publicidad de plataformas ilegales de apuestas de los bienes, vehículos y espacios pertenecientes al Estado provincial. La iniciativa tiene detrás un antecedente difícil de ignorar: los avisos de una casa de apuestas que aparecieron en colectivos de SAETA.

La contradicción era evidente. Mientras distintas áreas provinciales avanzaban con medidas para prevenir la ludopatía y bloquear el acceso a sitios de apuestas, una sociedad del Estado llevaba esa publicidad por las calles de Salta.

“Ha habido un caso muy particular que fue de público conocimiento, que fue el tema de las propagandas en los colectivos de SAETA”, explicó en Interactiva Noticias la diputada Laura Cartuccia, autora del proyecto.

Según detalló, en la Provincia ya fueron bloqueadas 60 páginas de apuestas en 1.200 escuelas y otras 80 en plazas públicas con wifi. En ese escenario, sostuvo, no tenía sentido permitir que bienes estatales fueran utilizados para promocionar el juego.

La discusión, sin embargo, no termina ahí.

El problema no distingue entre legal e ilegal

Durante la entrevista apareció una cuestión que atraviesa buena parte de las políticas contra la ludopatía: una plataforma habilitada legalmente también puede generar una conducta adictiva.

Cartuccia lo reconoció.

“Si hablamos de ludopatía, obviamente que tanto las legales como las ilegales pueden llegar a generar una conducta adictiva en la población”, afirmó.

La diferencia está en las herramientas disponibles. Las plataformas legales están bajo la órbita de ENREJA, que tiene facultades para regularlas y controlarlas. Frente a las ilegales, en cambio, aparecen mayores dificultades, especialmente cuando operan mediante redes sociales, sitios de internet y billeteras virtuales. Además, parte de la regulación de esos canales excede las competencias de la Legislatura provincial y depende de normas nacionales.

El proyecto aprobado apunta precisamente a ese universo ilegal y establece que su publicidad no pueda aparecer en bienes muebles o inmuebles pertenecientes a ninguno de los tres poderes del Estado, organismos centralizados, descentralizados y entes autárquicos.

Durante el tratamiento se incorporó además una excepción para bingos solidarios organizados por fundaciones hospitalarias, entidades religiosas y otras organizaciones sin fines de lucro.

El Estado también cobra por el juego

Pero la discusión abre otra puerta. El mismo Estado que debe prevenir la ludopatía regula el juego legal y percibe cánones por esa actividad.

Consultada sobre esa tensión, Cartuccia sostuvo que parte de esos recursos debería volcarse precisamente a prevención.

“Ese dinero, ese canon que cobra, debería ser invertido en materia de prevención de la ludopatía”, señaló sobre ENREJA.

Cuando se le preguntó cuánto de lo recaudado se destina actualmente a ese objetivo, la diputada reconoció que no tenía ese dato y que esa información no fue proporcionada durante las reuniones mantenidas con el organismo.

La discusión deja entonces una pregunta concreta que excede la prohibición de colocar un aviso en un colectivo: cuánto recauda el Estado por las apuestas y cuánto de ese dinero vuelve efectivamente a prevenir y tratar los problemas que puede generar el propio juego.

$16.000 millones durante el Mundial

Cartuccia aportó otro número que muestra la dimensión que alcanzaron las apuestas digitales. Según relató a partir de información proporcionada durante reuniones con ENREJA, durante el Mundial se movilizaron alrededor de $16.000 millones en apuestas en Salta.

La legisladora aclaró que esa cifra comprendería tanto plataformas legales como ilegales y sostuvo que el mayor movimiento habría correspondido a estas últimas.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa quiénes están entrando al juego. Cartuccia citó un relevamiento de UNICEF realizado sobre 5.910 casos según el cual el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años consultados había realizado alguna apuesta. Para la diputada, uno de los aspectos más preocupantes es que parte de los chicos no apuesta solamente como entretenimiento, sino con la expectativa de obtener dinero.

El celular terminó modificando además una barrera que antes existía: ya no hace falta entrar a un casino ni trasladarse hasta una sala de juegos. La apuesta está disponible permanentemente, junto con la billetera virtual necesaria para pagarla.

Cartuccia mencionó incluso la existencia de casas de apuestas próximas a establecimientos educativos y consideró necesario revisar la legislación frente a un negocio que cambió mucho más rápido que las normas que intentan regularlo.

La prohibición aprobada por Diputados resuelve una parte bastante puntual del problema: que el propio Estado no preste sus espacios para publicitar plataformas ilegales. La discusión que queda abierta es bastante más difícil. Porque la ludopatía no pregunta, antes de producirse, si la apuesta fue realizada en una página autorizada.