Solo el 3% de los centros vecinales está en regla en Salta
De unos 450 centros vecinales que existen en la provincia, apenas una pequeña parte tendría su documentación al día. Balances atrasados, costos difíciles de afrontar y hasta sedes en manos de expresidentes forman parte de los problemas que llevarán al Primer Congreso Provincial de Centros Vecinales, convocado para el 2 de septiembre.
El número explica por qué los dirigentes vecinales decidieron juntarse: de aproximadamente 450 centros vecinales que existen en Salta, sólo el 3% estaría normalizado y con la documentación exigida al día.
El dato fue dado en Interactiva Noticias por Abel Moya, vicepresidente del Centro Vecinal de barrio San Remo y uno de los impulsores del Primer Congreso Provincial de Centros Vecinales. Sólo en la ciudad de Salta, precisó, existen 127 instituciones reconocidas.
La irregularidad administrativa no es solamente un problema de papeles. Un centro vecinal que no tiene su personería jurídica y balances en condiciones encuentra dificultades para gestionar ante organismos públicos, acceder a programas o presentarse formalmente como representante de los vecinos.
Moya puso un ejemplo concreto: el Plan META, que contempla fondos de hasta $20 millones para mejorar instalaciones de clubes y centros vecinales. Según explicó, muchas de estas instituciones quedan afuera precisamente porque no reúnen los requisitos administrativos necesarios.
Centros que deben hasta 20 balances
Uno de los principales obstáculos está en las cuentas.
“Tenemos centros vecinales que deben hasta 20 balances”, aseguró Moya. El problema se agrava por el costo de regularizarlos: estimó que la confección de cada balance puede superar los $500.000, una cifra difícil de afrontar para instituciones que en muchos casos prácticamente no tienen ingresos propios.
Para destrabar parte de ese atraso, Provincia firmó un convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que beneficiará a más de 50 centros vecinales. Moya explicó además que se habilitó un mecanismo para presentar declaraciones juradas correspondientes a años anteriores y avanzar hacia la regularización, con la exigencia del último balance de 2025.
El proceso comenzó en enero y los dirigentes esperan avanzar durante este año con una cantidad importante de instituciones que hoy funcionan, pero administrativamente están fuera de regla.
Expresidentes que no entregan las sedes
Los balances no son el único conflicto.
Moya aseguró que existen centros vecinales cuyas instalaciones continúan ocupadas por personas que alguna vez fueron presidentes y, una vez terminado su mandato, “no se quisieron ir”.
El asunto será llevado al Congreso con un pedido concreto a las autoridades: acelerar los procedimientos necesarios para que esos inmuebles vuelvan a quedar bajo el control de las instituciones.
“Piensan que son dueños”, cuestionó Moya, al recordar que las autoridades vecinales ejercen sus cargos durante el período establecido por cada estatuto y no adquieren derechos sobre las instalaciones.
Un congreso para intentar ordenar el vecinalismo
Con ese escenario de fondo, el miércoles 2 de septiembre, desde las 9, se realizará en el Centro Vecinal de Villa Cristina el Primer Congreso Provincial de Centros Vecinales.
La convocatoria está dirigida especialmente a las instituciones que tienen documentación pendiente, pero también a barrios que todavía no cuentan con un centro vecinal constituido. La intención es explicar los mecanismos disponibles para regularizar las entidades y discutir una agenda común.
El diagnóstico de Moya alcanza incluso a la organización que debería agruparlas. Señaló que el mandato de la Federación de Centros Vecinales está vencido y cuestionó la situación actual de su sede.
Según relató, parte del edificio de la Federación fue alquilado y allí funciona actualmente un billar. Para Moya, difícilmente pueda existir una federación fuerte mientras la enorme mayoría de las organizaciones que deberían sostenerla continúe sin normalizar.
El Congreso buscará empezar justamente por ahí: ordenar primero los centros vecinales para después discutir qué representación pueden tener frente al municipio y la Provincia.
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