SAETA admite la deuda, pero intima a las empresas a garantizar el servicio

La situación financiera del transporte público de Salta sumó un nuevo capítulo. SAETA reconoció la deuda que mantiene con las empresas que prestan el servicio, pero al mismo tiempo las intimó a garantizar su normal funcionamiento y advirtió que cualquier incumplimiento podrá tener consecuencias contractuales.

La respuesta llegó después de que las empresas alertaran que la falta de pagos estaba comprometiendo la compra de combustible y, con ello, la continuidad del transporte.

Según los transportistas, mantener el sistema cuesta alrededor de $15 mil millones mensuales y hasta el momento solo recibieron el 75% de lo correspondiente a julio.

En una nota firmada por su presidente, Claudio Mohr, SAETA reconoció las dificultades financieras y señaló que realiza gestiones ante el Gobierno provincial para conseguir una “asistencia financiera extraordinaria” que permita cubrir el déficit operativo.

También sostuvo que viene pagando a las empresas de acuerdo con los recursos disponibles.

Pero, pese a admitir que los fondos no alcanzan, SAETA recordó a las prestatarias que sus contratos continúan vigentes y que deben garantizar la continuidad y regularidad del transporte.

La empresa advirtió que no podrá producirse ninguna suspensión, reducción o modificación unilateral del servicio que afecte a los pasajeros y anticipó que cualquier incumplimiento será analizado de acuerdo con los contratos vigentes, incluso bajo las disposiciones que regulan la extinción de la prestación.

El 15 de septiembre, la fecha límite

Por ahora, los colectivos seguirán funcionando normalmente.

El vocero de las empresas transportistas, Edgardo García Castellanos, aseguró que mantendrán el servicio hasta el 15 de septiembre, para garantizar el transporte durante las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

Lo que sucederá después todavía es una incógnita.

No sería la primera vez que el conflicto financiero impacta directamente sobre los usuarios. A mitad de año, las empresas suspendieron durante dos días el servicio nocturno por otra deuda acumulada, que entonces estimaban entre $6.000 millones y $8.000 millones.

Ahora el problema vuelve a aparecer con una particularidad: SAETA admite que necesita fondos extraordinarios para sostener el sistema, mientras exige a las empresas que continúen prestando normalmente un servicio que todavía no terminó de pagarles.