28S: 87.603 abortos legales y un dato que Salta no informó

El 28 de septiembre no apareció por casualidad en el calendario de los movimientos que impulsan la legalización del aborto.

La historia comienza hace 36 años, en San Bernardo, provincia de Buenos Aires, donde en noviembre de 1990 se realizó el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.

En uno de sus talleres se discutió específicamente el derecho al aborto y allí se acordó establecer el 28 de septiembre como Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina.

La propuesta surgió de participantes brasileñas y recuperó otra fecha cargada de significado: el 28 de septiembre de 1871, Brasil había promulgado la denominada Ley de Libertad de Vientres, que declaró libres a los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavizadas desde la entrada en vigencia de la norma.

No abolió la esclavitud —eso ocurriría en Brasil en 1888—, pero aquel antecedente fue recuperado más de un siglo después bajo otra discusión sobre libertad y autonomía.

Desde entonces, el 28S atravesó fronteras y se convirtió en una jornada internacional vinculada con el acceso al aborto seguro.

36 años después

Argentina llega a este 28 de septiembre con la Ley 27.610 vigente, pero con dificultades para reconstruir una fotografía completa de cómo se está aplicando en todo el país.

Un relevamiento del Proyecto Mirar contabilizó 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo realizadas durante 2025 en establecimientos públicos.

Pero hay una salvedad fundamental: no son los números de toda la Argentina.

El registro pudo reunir información de 20 jurisdicciones. Salta, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero no aportaron sus datos, por lo que sus prácticas no están incluidas en ese total.

La tasa calculada para las jurisdicciones relevadas fue de 7,45 interrupciones cada mil mujeres en edad fértil, prácticamente igual a la registrada en 2023, cuando había sido de 7,49.

También se contabilizaron 1.846 establecimientos públicos que realizan IVE o ILE.

¿Y Salta?

Ahí aparece el dato que falta.

No es posible saber a partir de este relevamiento cuántas interrupciones voluntarias y legales del embarazo se realizaron en el sistema público salteño durante 2025.

La ausencia resulta particularmente significativa porque la Provincia sí produce y comunica otros indicadores vinculados con salud sexual y reproductiva.

Por ejemplo, el propio Ministerio de Salud Pública informó que durante 2025 fueron notificadas 174 gestaciones en niñas y adolescentes menores de 15 años en Salta.

Por eso, en este 28S la discusión provincial tiene una pregunta bastante más concreta que cualquier consigna:

¿Cuántas IVE e ILE se realizaron en Salta durante 2025 y por qué esos datos no fueron aportados al relevamiento?

Menos anticonceptivos nacionales

El informe introduce además otra señal de alerta.

Según las estimaciones del Proyecto Mirar, la cobertura mediante anticonceptivos provistos por Nación habría experimentado una reducción del 93% entre 2024 y 2026.

El dato resulta relevante porque el acceso al aborto es solamente una parte de la política de salud sexual y reproductiva. La disponibilidad de métodos anticonceptivos constituye la instancia preventiva del mismo sistema.

Las consecuencias futuras que el informe proyecta sobre embarazos no intencionales, abortos o mortalidad deben leerse como lo que son: estimaciones de impacto y no casos ya ocurridos.

Mientras tanto, la Ley 27.610 continúa vigente sin modificaciones. De acuerdo con el relevamiento, desde su sanción se presentaron 38 demandas judiciales contra la norma y 35 fueron rechazadas.

A 36 años de aquel encuentro de San Bernardo y casi seis años después de la sanción de la ley argentina, el debate ya no pasa solamente por reconocer un derecho en una norma.

También pasa por algo bastante más elemental para evaluar una política pública: tener los datos para saber qué está ocurriendo.

Y en Salta, al menos respecto de 2025, ese número sigue faltando.