Inocencia Fiscal II ya es ley: Qué cambia

El Gobierno consiguió este jueves una de las leyes que había colocado entre sus prioridades económicas. Con 44 votos a favor y 23 en contra, el Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II, una reforma que amplía el universo de contribuyentes que podrán ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y modifica los controles que podrá ejercer ARCA.

La iniciativa ya había sido aprobada por Diputados a fines de agosto, por lo que la votación de la Cámara alta completó su trámite en el Congreso.

El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR y varios bloques provinciales, entre ellos Primero los Salteños. El peronismo rechazó la iniciativa y sostuvo durante el debate que el nuevo esquema implica, en los hechos, un blanqueo demasiado amplio.

Más contribuyentes podrán entrar

Uno de los principales cambios es la eliminación de los límites económicos que hasta ahora condicionaban el ingreso al régimen simplificado de Ganancias.

El sistema vigente establecía topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio. Con la reforma, esas restricciones desaparecen y el régimen queda abierto a un universo mucho mayor de contribuyentes con residencia fiscal en el país.

El objetivo declarado por el Gobierno es simplificar la relación con el fisco y generar condiciones para que una parte del dinero que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero vuelva al circuito formal.

El oficialismo calcula que existen alrededor de US$170.000 millones fuera del sistema, una cifra utilizada durante el debate para justificar la necesidad de ampliar el régimen.

Qué podrá controlar ARCA

Otro de los cambios centrales está en las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La nueva ley redefine cuándo una diferencia detectada en una declaración jurada puede considerarse suficientemente importante como para que ARCA la cuestione.

Se considerará una “discrepancia significativa” aquella que produzca un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

La reforma también permite rectificar declaraciones y regularizar diferencias sin que eso implique automáticamente quedar afuera del régimen.

La lógica defendida por el Gobierno es diferenciar una maniobra fraudulenta de un error o una inconsistencia menor.

Patricia Bullrich sostuvo durante la sesión que el nuevo sistema permitirá distinguir entre fraude y errores formales, mientras que el senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió la simplificación de los trámites y la reducción de las cargas para los contribuyentes.

Los funcionarios quedaron afuera

La Cámara de Diputados había incorporado una restricción importante que el Senado mantuvo: los funcionarios públicos no podrán utilizar el régimen simplificado.

La exclusión alcanza, entre otros, al Presidente, ministros, legisladores y jueces. También comprende a quienes hayan desempeñado determinados cargos públicos durante los cinco años anteriores.

Bullrich hizo especial hincapié en ese punto durante la discusión y rechazó las acusaciones opositoras de que la reforma hubiera sido diseñada para beneficiar a integrantes del Gobierno.

El debate por los “dólares del colchón”

El trasfondo económico de la ley está en los ahorros que permanecen fuera del sistema.

El Gobierno pretende que las menores exigencias y una relación menos punitiva con el organismo recaudador generen incentivos para que esos fondos vuelvan a utilizarse dentro del circuito formal.

Por eso, aunque el régimen se presenta como una simplificación tributaria, la discusión política giró alrededor de una pregunta más amplia: hasta dónde puede flexibilizarse el control fiscal para atraer dinero sin terminar beneficiando a quienes evadieron impuestos.

El oficialismo sostiene que el objetivo es dejar de tratar a todos los contribuyentes como potenciales evasores y concentrar los controles en irregularidades relevantes.

La oposición peronista hizo la lectura contraria.

José Mayans calificó la iniciativa como una ley de “blanqueo” y cuestionó que la flexibilización pueda favorecer a personas que mantuvieron patrimonio fuera del sistema. Jorge Capitanich también objetó que adherir a un régimen simplificado no demuestra por sí mismo el origen lícito de los bienes declarados.

El oficialismo rechazó esas acusaciones y consiguió finalmente los votos de sus aliados para sancionar la reforma.

Con la promulgación y reglamentación quedará por verse el efecto concreto de la medida: cuántos contribuyentes ingresarán al régimen ampliado y, sobre todo, cuánto del dinero que el Gobierno busca sacar “del colchón” terminará efectivamente incorporándose al sistema financiero.