Ruidos molestos: El Senado insiste con quitar la licencia

El Senado de Salta volvió a marcar diferencias con Diputados por el régimen para combatir los ruidos molestos producidos por autos y motocicletas. Este jueves insistió con el proyecto que había aprobado originalmente en agosto de 2025 y que establece sanciones que van más allá de una multa económica.

La iniciativa regresará ahora a la Cámara de Diputados.

El senador Enrique Cornejo, uno de sus impulsores, explicó que el proyecto original fue elaborado junto al senador por San Martín, Manuel Pailler, vecinos de Tartagal y el área de Seguridad Vial del municipio.

Según señaló, Diputados modificó aquella propuesta y planteó incorporar un artículo al Código Contravencional para aplicar una sanción económica a quienes generen ruidos molestos.

El Senado decidió insistir con su propia versión.

No solamente una multa

El proyecto establece que la autoridad de aplicación sea el área de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia y contempla la suspensión de la licencia de conducir del infractor.

También obliga a desmantelar el escape libre y retirar los dispositivos eléctricos utilizados para generar sonidos que, según describió Cornejo, pueden asemejarse a disparos.

“Nuestro proyecto originario establece algo más complejo”, explicó el senador al diferenciarlo de la modificación realizada por Diputados.

La responsabilidad tampoco quedaría limitada a quien conduce. De acuerdo con Cornejo, el régimen alcanza al titular registral del automóvil, motocicleta o camión involucrado.

El senador sostuvo que el problema excede la molestia que produce un vehículo ruidoso y lo vinculó con la contaminación sonora, la seguridad vial y sus efectos sobre la comunidad.

Mencionó particularmente el impacto sobre la salud auditiva, las personas con discapacidad y los animales, además del riesgo que puede provocar un ruido repentino sobre otros conductores.

Qué harán con el dinero de las multas

La propuesta también establece un destino específico para lo recaudado.

Según explicó Cornejo, el 70% del producido de las multas se destinará a equipar al área competente de la Policía provincial y, en los municipios que adhieran a la ley, a fortalecer sus direcciones de Tránsito.

El 30% restante deberá utilizarse para campañas de concientización vial.

“Nuestra ley es abarcativa, es amplia y va más allá de una mera sanción”, sostuvo el senador al explicar por qué la Cámara alta decidió mantener el texto original.

El proyecto todavía no es ley. Tras la insistencia del Senado, vuelve a Diputados, donde deberá resolverse la diferencia entre las dos cámaras sobre el alcance que finalmente tendrán las sanciones.