Salta refinanciará la deuda de 2016 y tomará US$100 millones para obras

El Gobierno de Salta quedó habilitado este jueves para avanzar con las dos herramientas financieras que ya habían recibido media sanción de Diputados: refinanciar hasta US$150 millones de deuda que vence entre 2026 y 2027 y tomar un crédito de US$100 millones para obras de infraestructura.

Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad en el Senado y ahora pasan al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Aunque las dos autorizaciones involucran hasta US$250 millones, no se trata de US$250 millones de nueva deuda.

Una de las leyes autoriza a la Provincia a emitir un título por hasta US$150 millones en el mercado local de capitalespara refinanciar obligaciones que ya existen. La otra habilita un nuevo financiamiento de US$100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para infraestructura.

Los US$150 millones: refinanciar lo que ya se debe

El miembro informante, Juan Cruz Curá, puso especial énfasis en diferenciar ambas operaciones.

Según explicó en el recinto, los US$150 millones no deberían incrementar el stock de deuda provincial porque serán utilizados para reemplazar vencimientos existentes por una nueva colocación con plazos más largos y, si las condiciones del mercado lo permiten, mejores tasas.

“No va a sumar stock de deuda”, sostuvo Curá, quien definió la operación como una refinanciación o un “roleo” de los compromisos existentes.

Los vencimientos corresponden a obligaciones del Plan Bicentenario, la deuda tomada originalmente durante la gestión de Juan Manuel Urtubey en 2016 y posteriormente reestructurada. La Provincia debe afrontar alrededor de US$145 millones entre fines de 2026 y 2027.

Curá también sostuvo que cuando Gustavo Sáenz asumió la Gobernación, en 2019, Salta tenía un stock de deuda superior a los US$600 millones y afirmó que desde entonces ese monto se redujo significativamente.

El argumento del oficialismo es que, en lugar de cancelar los próximos vencimientos directamente con recursos provinciales, se buscará colocar un nuevo título en el mercado y extender los plazos.

La incógnita sigue siendo a qué tasa podrá conseguir Salta ese financiamiento. La autorización legislativa establece el monto máximo, pero las condiciones concretas dependerán de la colocación.

Otros US$100 millones, esta vez para obras

La segunda ley sí habilita un nuevo crédito.

Se trata de hasta US$100 millones del BIRF, organismo que integra el Banco Mundial, para el proyecto denominado “Infraestructura resiliente para el desarrollo económico regional y la creación de empleo – Salta”.

Curá vinculó directamente ese financiamiento con el desarrollo del Corredor Bioceánico y las economías regionales.

“Es una inversión importante de 100 millones de dólares”, sostuvo el senador, y señaló que tendrá impacto particularmente en Los Andes, General Güemes y Rosario de Lerma, aunque remarcó que la infraestructura proyectada apunta a mejorar la competitividad de toda la provincia.

El programa contempla obras sobre la Ruta Nacional 51 entre Campo Quijano y Chorrillos, inversiones en el Nodo Logístico y Parque Industrial de General Güemes, infraestructura de agua y saneamiento en la Puna y acciones vinculadas con la gestión minera.

Para Curá, la infraestructura es necesaria para que el crecimiento de la minería tenga impacto más allá de los propios proyectos extractivos.

El senador planteó que el objetivo es que “la minería derrame a la producción” y genere trabajo en otros sectores de la economía provincial.

El faltazo de Cornejo Avellaneda

La aprobación tuvo además un capítulo político.

Los proyectos salieron por unanimidad, pero en la sesión participaron 19 senadores y estuvo ausente el representante de Capital, Roque Cornejo Avellaneda, de La Libertad Avanza.

Curá cuestionó públicamente la ausencia.

“Lo hemos visto en los medios hablando y hoy no estuvo presente”, señaló, y consideró que se trataba de una discusión en la que la oposición debía participar más allá de sus diferencias con el Gobierno provincial.

El senador contrastó además las críticas libertarias al endeudamiento provincial con las operaciones financieras realizadas por el Gobierno nacional y sostuvo que tanto la refinanciación como el crédito para infraestructura son herramientas que, a su criterio, deberían recibir acompañamiento político.

Con la sanción del Senado queda cerrado el trámite legislativo.

La Provincia podrá ahora salir al mercado para intentar refinanciar los vencimientos de la deuda de 2016 por hasta US$150 millones y avanzar con el crédito de US$100 millones del BIRF, cuyos recursos tendrán destino específico en infraestructura.

Son dos operaciones distintas y también dos desafíos diferentes: en una, conseguir plazo y tasa suficientes para aliviar los próximos vencimientos; en la otra, convertir los nuevos US$100 millones de deuda en las obras previstas para mejorar la infraestructura productiva de Salta.