Royón cuestionó que el norte subsidie el gas de hogares de altos ingresos

La discusión por los subsidios al gas volvió a poner sobre la mesa una vieja asimetría entre el norte y otras regiones del país.

Durante una reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado, la senadora nacional por Salta Flavia Royón, presidenta de la primera comisión, respaldó el cambio de criterio previsto para el régimen de Zona Fría y puso el foco en quién termina financiando esos beneficios.

“Es regresivo que una persona humilde del norte del país le esté subsidiando el gas a una persona que realmente pueda pagarla, inclusive a gente de muy altos ingresos en el resto del país”, sostuvo Royón frente a funcionarios nacionales.

El plenario analizó el proyecto que modifica la Ley 25.565 y plantea una readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías, además de modificaciones vinculadas con deudas eléctricas y normativa energética.

La discusión es sensible porque cambia la lógica con la que se asigna parte de los beneficios.

Royón lo resumió de manera directa: “Pasamos de un criterio que es de zona geográfica a un criterio socioeconómico”.

Para la senadora, el cambio implica que el subsidio no dependa solamente del lugar donde vive una persona, sino también de su capacidad económica.

“Que reciba subsidio no por un criterio geográfico, sino por un criterio socioeconómico, que va a ser que el que pueda pagar la energía realmente lo haga”, señaló.

La salteña sostuvo que el esquema actual tiene un efecto regresivo porque el esfuerzo para financiar el sistema alcanza también a consumidores de provincias que no reciben el beneficio de Zona Fría.

Su planteo tiene especial peso para el norte argentino, donde las altas temperaturas generan durante buena parte del año una fuerte demanda de electricidad para refrigeración, mientras el régimen de Zona Fría fue construido alrededor del mayor consumo de gas para calefacción.

La discusión sobre esa diferencia no es nueva. En el propio Senado existen antecedentes de reclamos para que se contemple el mayor consumo eléctrico de las provincias del norte durante los meses de altas temperaturas.

Royón, sin embargo, no planteó eliminar la asistencia para las familias vulnerables que viven dentro de las actuales zonas beneficiadas. Por el contrario, pidió a los funcionarios que precisaran cuántos hogares efectivamente perderían toda ayuda.

“Me parece que hay que dejar claro que aquella persona humilde de la zona fría ampliada no deja de recibir un subsidio, sino que pasa a otro esquema”, remarcó.

Y pidió números: cuántos hogares dejarían de recibir beneficios y cuál sería el impacto concreto, en pesos, sobre las facturas.

Pero su intervención no terminó en la defensa del cambio.

Royón también puso reparos sobre varios artículos y pidió garantías para que la modificación del sistema no termine convirtiéndose en mayores costos sin control para los consumidores.

Uno de sus cuestionamientos estuvo dirigido al fondo que financia el régimen. Si disminuye la cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, razonó, también debería reducirse el aporte que realiza el resto de los consumidores.

“Este proyecto de ley baja los beneficios, ergo, ese porcentaje que paga el resto del país para subsidiarle el gas a los de zona fría debería bajar”, sostuvo.

También advirtió sobre la situación de asociaciones civiles y clubes de barrio, porque el proyecto deroga artículos que actualmente contemplan una tarifa diferencial para entidades de bien público y, según señaló, no incorpora expresamente una previsión que los sustituya.

“¿Cómo van a resolver este tema?”, preguntó a los funcionarios.

El punto más crítico de su intervención llegó al analizar el traslado de los costos de compra de gas y electricidad a las tarifas.

Royón cuestionó qué incentivo tendrán las distribuidoras para conseguir mejores precios si después pueden trasladar automáticamente el costo al usuario.

“¿Cuál va a ser el incentivo de la distribuidora para comprar de la manera más competitiva o cuál va a ser el incentivo de la distribuidora a comprar más barato, si en definitiva se le va a pasar automáticamente a la factura?”, preguntó.

Y reclamó mecanismos de revisión antes de que esos costos lleguen a los hogares.

“¿Qué instancia de revisión va a haber para evaluar si estos precios son razonables y de mercado?”, insistió.

La preocupación no es menor. Gas y electricidad son servicios en los que el usuario no tiene capacidad real de negociar individualmente las condiciones de compra ni elegir libremente todos los componentes que terminan conformando su factura.

Por eso Royón cerró su intervención preguntando qué controles quedarán vigentes “para la protección de los usuarios”.

La posición de la senadora salteña dejó así dos discusiones diferenciadas.

Por un lado, cuestionó que el lugar de residencia sea suficiente para recibir un subsidio aunque el beneficiario tenga ingresos altos, mientras consumidores de menores recursos de otras provincias contribuyen a financiarlo.

Por otro, advirtió que cambiar ese esquema no debería significar darle vía libre a las empresas para trasladar costos sin controles suficientes.

Para Salta y el norte, el debate tiene además una discusión pendiente: si el criterio para subsidiar la energía busca ser realmente socioeconómico y federal, el costo de afrontar temperaturas extremas tampoco debería medirse únicamente por cuánto gas necesita un hogar durante el invierno.