Presupuesto 2027: Menos reglas, más poder al Ejecutivo

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso tiene cambios que van bastante más allá de cuánto dinero recibirá cada área el próximo año. Entre sus artículos modifica leyes, elimina mecanismos automáticos de actualización y redefine la participación del Estado nacional en distintas políticas.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó este jueves un primer análisis del texto y puso el foco precisamente allí: en las reglas que el Presupuesto propone cambiar y en las decisiones que, según la organización, quedarían con mayor margen de discrecionalidad para el Poder Ejecutivo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los casos más claros.

El artículo 17 propone eliminar disposiciones de la Ley 27.160 que establecen la movilidad automática de las asignaciones familiares. Si el Congreso aprueba el proyecto tal como fue enviado, la AUH y otras asignaciones seguirán existiendo, pero sus aumentos dejarán de estar garantizados por el mecanismo automático vigente.

Hay un dato importante: el proyecto no establece una nueva fórmula que reemplace a la actual ni determina una periodicidad obligatoria para los aumentos.

Eso no significa que la AUH vaya a desaparecer ni que necesariamente quede congelada. El Ejecutivo podrá seguir actualizando los montos. La diferencia es que ya no tendría que hacerlo de acuerdo con una fórmula establecida por ley.

ACIJ utiliza como antecedente lo ocurrido con otras prestaciones que no están indexadas. Según sus cálculos, las que estuvieron sujetas a movilidad recuperaron un 31,9% en términos reales desde 2023, mientras que la Prestación Alimentar llegó a permanecer 23 meses sin aumentos, perdiendo capacidad de cobertura frente al valor de la Canasta Básica Alimentaria.

Discapacidad: cambian prestaciones y pensiones

El proyecto también introduce modificaciones importantes en las políticas destinadas a personas con discapacidad.

ACIJ señala que los artículos 39 y 41 alteran el funcionamiento del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que establece valores de referencia para las prestaciones.

Según el análisis de la organización, el nuevo esquema elimina la homogeneidad de esos valores y habilita a los distintos entes obligados a establecer sus propios aranceles con los prestadores.

ACIJ advierte que esto podría generar una diferencia concreta entre beneficiarios: aquellos que dependan de organismos que paguen valores menores podrían encontrarse con menos prestadores disponibles o dificultades para acceder a determinados servicios.

La organización considera que ese esquema podría convertirse en un factor de desigualdad dentro del propio sistema.

Pero no es el único cambio.

El proyecto también propone derogar la Pensión No Contributiva creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que contemplaba la compatibilidad de la prestación con el empleo formal, y modifica las condiciones para acceder a la pensión tradicional por invalidez laboral.

A eso se suma la situación de Incluir Salud. De acuerdo con los cálculos de ACIJ, el programa tendría una caída real del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023.

Universidades: $7,5 billones frente a $11 billones

Las universidades nacionales constituyen otro de los puntos observados.

El Ejecutivo proyecta $7,5 billones para el programa Desarrollo de la Educación Superior.

La cifra queda un 32% por debajo de los $11 billones calculados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, según señala el informe.

ACIJ incorpora además la discusión judicial alrededor de esa norma y sostiene que existe una medida cautelar, confirmada por la Corte Suprema, que ordena su cumplimiento.

La diferencia entre lo presupuestado por el Ejecutivo y lo calculado por las universidades anticipa otro de los frentes que tendrá el proyecto durante su tratamiento en el Congreso.

De 2.339 obras, Nación mantendría solo 199

En infraestructura aparece uno de los números más contundentes del informe.

De una cartera de 2.339 proyectos, ACIJ contabiliza 1.683 obras dadas de baja o que ingresaron en proceso de rescisión.

Otras 457 fueron transferidas o se encuentran en proceso de traspaso a provincias y municipios.

De ese universo, solamente 199 continuarían bajo gestión directa del Estado nacional.

El retroceso también aparece al mirar los recursos.

Según el análisis, el gasto de capital destinado a infraestructura se mantiene cerca de un 80% por debajo de 2023: $3,8 billones frente a $18,4 billones de aquel año, medidos a precios constantes.

El Presupuesto 2027 muestra además cómo pretende el Gobierno reemplazar parte de esa intervención directa.

Beneficios para concesionarios privados

El artículo 67 establece beneficios impositivos destinados a nuevos concesionarios viales privados.

Entre ellos aparecen la amortización acelerada, beneficios vinculados con el crédito fiscal del IVA y la posibilidad de computar la totalidad del impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de otros tributos.

El esquema también involucra a las provincias: los beneficios quedan sujetos a que las jurisdicciones acompañen con exenciones en Ingresos Brutos y Sellos.

El cambio es significativo. Mientras Nación reduce su participación directa en la ejecución de infraestructura, el proyecto incorpora incentivos fiscales para atraer inversión privada a las concesiones viales.

La cuestión tiene especial relevancia para provincias como Salta, donde el estado de las rutas nacionales y la paralización de obras vienen generando reclamos al Gobierno nacional.

Y abre otra discusión: qué ocurrirá con las rutas que necesitan inversión pero que, por su volumen de tránsito, no resulten suficientemente atractivas para un concesionario privado.

La transferencia al sector privado puede tener una lógica económica en corredores con suficiente circulación para sostener un sistema de peajes. El propio debate sobre infraestructura plantea una situación diferente para aquellas rutas estratégicas que no generan ese volumen de tránsito y que hasta ahora dependieron fundamentalmente de inversión estatal.

Género: programas sin partidas identificables

El último capítulo del informe se refiere a políticas vinculadas con género y salud reproductiva.

ACIJ señala que el Programa Acompañar y la Línea 144 continúan, por tercer año consecutivo, sin partidas presupuestarias específicas que permitan identificar cuánto dinero recibe cada política y seguir posteriormente su ejecución.

La organización plantea que el problema no pasa solamente por determinar si los recursos aumentan o disminuyen.

Sin partidas claramente identificadas, sostiene, también resulta más difícil controlar cuánto dinero fue efectivamente asignado y cuánto terminó ejecutándose.

El documento difundido este jueves es el primero de una serie de análisis que ACIJ anunció que realizará a medida que avance la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso.

Y la primera lectura deja un punto que atraviesa temas muy diferentes.

El Presupuesto no solamente fija números. También propone cambiar reglas.

En la AUH busca eliminar la actualización automática sin establecer otra fórmula. En discapacidad modifica el esquema de aranceles y pensiones. En infraestructura reduce drásticamente la cantidad de obras que permanecen directamente en manos de Nación mientras crea incentivos para concesionarios privados. Y en las universidades propone recursos por debajo de los calculados por el CIN.

Nada de esto está todavía aprobado. Son disposiciones incluidas en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y ahora deberán atravesar la discusión parlamentaria, donde pueden ser modificadas o rechazadas.

Por eso, detrás de las proyecciones de inflación, dólar, crecimiento y gasto que suelen dominar cada discusión presupuestaria, el Presupuesto 2027 contiene otra discusión menos visible: qué decisiones seguirán sujetas a reglas establecidas por ley y cuáles pasarán a depender en mayor medida del Ejecutivo.