Desinformación: El Gobierno propone penas de hasta 12 años

El proyecto que el Gobierno presentó como una herramienta para reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas abrió otra discusión que poco tiene que ver con la explotación de petróleo en las islas.

Entre sus disposiciones aparece una modificación del Código Penal que crea penas de entre 5 y 12 años de prisión para determinadas campañas de “desinformación masiva”.

La iniciativa fue enviada este jueves por el presidente Javier Milei al Congreso. En su presentación oficial, el Ejecutivo explicó que la ley se apoya en tres objetivos: sancionar la explotación ilegítima de recursos naturales, generar incentivos para que esas actividades cesen y darle al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas.

Pero la letra del proyecto va más allá de Malvinas.

Qué propone castigar

La modificación apunta al artículo 225 bis del Código Penal.

El texto establece penas de 5 a 12 años de prisión para quien actúe por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, una organización o un agente extranjero y realice actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

Ese punto es el que encendió las alarmas.

El problema señalado por constitucionalistas, legisladores opositores y organizaciones periodísticas no es solamente la pena prevista. La discusión está en qué puede entenderse jurídicamente por “desinformación” o por “manipular la opinión pública” y quién determina cuándo una conducta cruza ese límite.

El proyecto incluye además penas de 8 a 15 años cuando se promuevan o financien actos de violencia o sabotaje y la conducta involucre amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.

El temor a una figura demasiado amplia

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que se trata de un tipo penal “muy abierto” y planteó que podría utilizarse contra opositores.

Diego Armesto fue más allá y sostuvo que la disposición podría quedar al límite de un caso de censura previa debido al margen de interpretación que deja.

Félix Lonigro también cuestionó la amplitud del concepto de desinformación y señaló que podría terminar afectando o condicionando la libertad de expresión.

Las objeciones llegaron además desde distintos bloques del Congreso.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro cuestionó que una regulación de estas características haya sido incorporada dentro de una iniciativa vinculada con la soberanía sobre Malvinas y sostuvo que podría transformarse en una herramienta de persecución política.

La Libertad Avanza, en cambio, minimizó los cuestionamientos y señaló que todavía debe definirse el recorrido que tendrá el proyecto por las comisiones de Diputados.

La preocupación de los periodistas

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también cuestionó la redacción.

Según la entidad, expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación” no delimitan con suficiente precisión cuál es la conducta que podría ser castigada penalmente.

FOPEA advirtió que esa falta de precisión podría dejar un margen amplio para la aplicación discrecional de la norma y recordó antecedentes internacionales en los que disposiciones justificadas inicialmente por razones de soberanía o seguridad nacional terminaron afectando la crítica periodística y el trabajo de organizaciones civiles.

ADEPA, por su parte, informó que se encuentra analizando el articulado para determinar su alcance y su posible impacto sobre la libertad de expresión, aunque anticipó preocupación por el contenido de la iniciativa.

La discusión se produce, además, en un momento de tensión entre el Gobierno y distintos sectores del periodismo. Apenas días atrás, FOPEA había expuesto ante Diputados sobre lo que considera un deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en el país.

Malvinas, pero mucho más que Malvinas

El Gobierno había anticipado a comienzos de septiembre que enviaría una ley para responder al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. En aquel anuncio sostuvo que era necesario reforzar las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para impedir la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

El proyecto finalmente enviado al Congreso tiene un alcance bastante mayor.

Además de las sanciones vinculadas con los recursos naturales, incorpora instrumentos relacionados con seguridad nacional, infraestructura crítica y amenazas externas. El Gobierno sostiene que ese conjunto de medidas permitirá una estrategia coordinada para defender la soberanía argentina.

Ahora será el Congreso el que deberá determinar hasta dónde llegan esas herramientas.

En el caso de la desinformación, la discusión tendrá un punto especialmente sensible: cómo castigar una eventual operación financiada desde el exterior sin construir, al mismo tiempo, una figura penal tan amplia que pueda alcanzar expresiones, investigaciones, opiniones o críticas legítimas.

El proyecto recién comienza su recorrido legislativo. La redacción puede ser modificada, eliminada o aprobada durante su tratamiento.

Pero el debate ya quedó abierto: una ley presentada para defender la soberanía argentina sobre Malvinas terminó colocando también en el centro de la discusión los límites del poder estatal frente a la libertad de expresión.