Malvinas: Londres sale a proteger a las empresas sancionadas por Argentina

La disputa por Malvinas empieza a trasladarse directamente a las empresas. El gobierno británico publicó una guía destinada a las compañías que operan o pretendan hacer negocios en las islas, en respuesta al endurecimiento de las sanciones impulsadas por Argentina.

Londres sostiene que las actividades económicas realizadas bajo autorización de las autoridades isleñas son legítimas y rechaza que Argentina pueda aplicar su legislación sobre las empresas involucradas. Es la posición británica sobre una disputa de soberanía en la que Argentina sostiene exactamente lo contrario.

La guía alcanza no sólo a empresas instaladas en las islas, sino también a proveedores de bienes y servicios y a compañías que participen directa o indirectamente en el desarrollo económico y la explotación de recursos naturales.

Ahí aparece el principal foco del conflicto: Sea Lion, el proyecto petrolero que impulsan Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.

Argentina considera que esas actividades requieren autorización nacional y ya avanzó con acciones contra empresas y directivos vinculados al proyecto. El Gobierno prepara además cambios para endurecer el régimen de sanciones.

La respuesta de Cancillería a la nueva posición británica fue inmediata. El Gobierno rechazó la guía y reiteró el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Al mismo tiempo, volvió a manifestar su disposición a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido.

Pero el conflicto tiene ahora una dimensión económica mucho más concreta.

El canciller Pablo Quirno había advertido que existe un universo de alrededor de 180 empresas vinculadas directa o indirectamente con actividades en Malvinas que podrían tener que optar entre mantener esos negocios o continuar operando e invirtiendo en Argentina. El listado incluye petroleras, proveedores de servicios, firmas financieras y aseguradoras.

Cancillería informó además que ya se enviaron cerca de 180 advertencias, se iniciaron 60 procedimientos administrativos y existen tres denuncias penales vinculadas con actividades en las islas.

El Reino Unido intenta ahora contrarrestar esa presión dando respaldo político y jurídico a las compañías que decidan continuar operando.

La pulseada, entonces, ya no transcurre solamente en comunicados diplomáticos. Argentina busca que hacer negocios vinculados con Malvinas tenga consecuencias para las empresas que también poseen intereses en el país; Londres procura convencerlas de que continúen operando bajo las autorizaciones británicas.

El alcance efectivo de ambas estrategias será uno de los puntos centrales del conflicto. Especialmente porque muchas de las compañías involucradas son internacionales y tienen negocios que exceden ampliamente al proyecto Sea Lion.