Royón: “Argentina prácticamente no va a necesitar importar naftas ni diésel”
La senadora salteña presentó en el Senado el nuevo régimen de biocombustibles, que eleva los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel y abre el mercado a nuevas tecnologías. Aseguró que el esquema permitirá reducir fuertemente la necesidad de importar combustibles y preservará la participación de la caña de azúcar.
El Senado debatió este jueves un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, con cambios en los porcentajes de mezcla, la formación de precios y las condiciones de competencia dentro de una industria que el proyecto busca ampliar durante los próximos 15 años.
La senadora salteña Flavia Royón, miembro informante del dictamen, puso uno de los datos más fuertes sobre la mesa: sostuvo que el aumento previsto en los cortes podría reducir prácticamente a cero la necesidad de importar determinados combustibles.
“Con este nivel de cortes prácticamente Argentina no va a necesitar importar naftas ni diésel”, afirmó durante su exposición.
El proyecto eleva, a los doce meses de su entrada en vigencia, del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol y del 7,5% al 10% el de biodiésel.
Para el Norte hay otro punto central: de ese 15% de bioetanol, se preservan 6 puntos porcentuales para el producido a partir de caña de azúcar y otros 6 para el elaborado con maíz. Los tres puntos restantes quedarán abiertos a distintas materias primas admitidas por el nuevo régimen.
Royón explicó que la intención es proteger la capacidad productiva que ya existe, pero avanzar gradualmente hacia un sistema con mayor competencia.
“Vamos a pasar de un esquema mucho más regulado, donde el Estado determina quién produce, cuánto produce y a qué precio produce, para ir a un esquema de más mercado”, señaló.
Cómo se venderán los biocombustibles
La reforma también cambia la forma de comercialización. Se crea un mercado electrónico único, transparente y de acceso público para las operaciones destinadas a cumplir con los cortes obligatorios.
Al mismo tiempo, productores y mezcladores podrán celebrar contratos libremente negociados en precio, plazo y otras condiciones comerciales, aunque con obligaciones de información.
El esquema incorporará además precios internacionales de referencia para bioetanol y biodiésel.
El Estado conservará las funciones de fiscalización, control de calidad y seguridad, abastecimiento y defensa de la competencia.
Más allá del etanol y el biodiésel
El proyecto también amplía considerablemente qué se entiende por biocombustibles.
Incorpora biogás, biometano, diésel renovable, combustible sostenible de aviación y biobúnker, entre otras alternativas. También habilita la inyección de biometano en gasoductos y permite su almacenamiento y transporte como gas comprimido o licuado.
Las provincias podrán, además, fomentar mezclas superiores a los mínimos nacionales, habilitar nuevas bocas de expendio y desarrollar sus propios esquemas dentro de sus competencias.
Para Royón, esto abre una oportunidad especialmente para aquellas jurisdicciones con producción agrícola y fuerte movimiento de cargas.
Una transición hasta 2036
En el biodiésel, la apertura no será inmediata. El dictamen establece una transición hasta 2036, durante la cual se irá modificando progresivamente la participación de las empresas integradas y no integradas.
Royón sostuvo que el objetivo es evitar que el cambio de reglas afecte abruptamente a las plantas que ya funcionan en el país.
El nuevo régimen tendrá una vigencia de 15 años y reemplazará integralmente la actual Ley 27.640. También mantiene un tratamiento impositivo diferenciado: los biocombustibles alcanzados por la norma no estarán gravados por el impuesto a los combustibles líquidos ni por el impuesto al dióxido de carbono en sus etapas de producción, distribución y comercialización.
La apuesta que presentó Royón en el recinto es, en definitiva, aumentar la participación de los biocombustibles en la matriz energética, proteger durante la transición parte de la producción existente y abrir progresivamente la competencia.
“Este régimen genera condiciones para nuevas inversiones que con el régimen actual se encuentran encorsetadas y no tienen previsibilidad”, sostuvo la senadora.
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