Presupuesto 2027: El Gobierno busca cambiar puntos clave de la emergencia en Discapacidad

El Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente para el Gobierno en el Congreso. Entre sus artículos aparecen modificaciones importantes a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, justamente cuando oficialismo y oposición negocian cómo continuará el régimen.

Uno de los cambios centrales afecta directamente a los prestadores.

El proyecto propone derogar el artículo 7 bis, que actualmente establece que los valores del nomenclador de prestaciones básicas deben actualizarse de manera automática y mensual de acuerdo con la inflación.

En su lugar, el texto establece que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y abre la posibilidad de que obras sociales y prepagas establezcan sus propios valores mediante negociaciones, aunque tomando como referencia un mínimo.

El cambio generó preocupación entre prestadores y también sorprendió a sectores de Pro, la UCR e Innovación Federal, que venían negociando con el oficialismo una salida para la emergencia. Entre los puntos que esos bloques consideraban centrales estaba precisamente mantener algún mecanismo automático de actualización de los aranceles.

La discusión tiene un trasfondo económico importante. Según fuentes parlamentarias citadas en el artículo, las compensaciones de emergencia adeudadas a los prestadores superarían los $340.000 millones. Los prestadores sostienen que todavía no recibieron un cronograma que determine cuándo y cuánto cobrarán.

Pero el nomenclador no es el único punto.

El Presupuesto también propone derogar los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793 y volver al esquema de pensión por invalidez. Según el texto analizado, quienes tengan Certificado Único de Discapacidad no podrían percibir esa compensación si registran un empleo.

El tema promete convertirse en uno de los capítulos más discutidos durante el tratamiento del Presupuesto.

Hasta ahora, los sectores dialoguistas reclamaban al Gobierno el pago de las compensaciones atrasadas, plazos más cortos para los prestadores, mantener un sistema automático para actualizar el nomenclador y mejorar las auditorías de las pensiones.

La diferencia es que ahora esas negociaciones se cruzan con un proyecto concreto enviado por el Poder Ejecutivo.

Nada de esto está vigente todavía. Son modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 y deberán ser discutidas y aprobadas por el Congreso.

Si avanzan tal como fueron redactadas, uno de los cambios más importantes será que los pagos a los prestadores de discapacidad dejarán de contar con la actualización automática mensual por inflación establecida actualmente.